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México

Detienen a 11 por intento de saqueo a tiendas departamentales en Ecatepec

La Secretaría de Seguridad del estado de México informó que suman 11 detenidos –seis adultos y cinco menores de edad— por la intención de decenas de jóvenes de saquear anoche tiendas departamentales en este municipio, el más poblado de la entidad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los saqueos fueron convocados a través de redes sociales.

Desde las 20 horas, más de un centenar de jóvenes de entre 13 y 25 años se concentraron en los alrededores de la tienda Bodega Aurrerá, ubicada en avenida San Andrés, esquina con José Vasconcelos, muchos de ellos con palos. En pocos minutos sumaron más de 150 reunidos al exterior del establecimiento.

Al percatarse de ellos, el personal del negocio cerró de inmediato las cortinas y colocaron un par camionetas de tres toneladas en las puertas del comercio para evitar la entrada de intrusos. También dieron aviso a la policía.

Los uniformados no tardaron en llegar y disiparon a los jóvenes que desistieron en su intento de ingresar a la tienda; pero detuvieron a seis adolescentes que alcanzaron a ingresar al comercio.

Minutos más tarde se volvieron a concentrar a las afueras una tienda Coppel de la zona y de un Elektra, pero las autoridades ya habían alertado para que bajaran las cortinas.

La policía estatal desplegó más de 100 elementos a San Andrés la Cañada para reforzar la vigilancia y evitar actos delictivos.

Más tarde, otro grupo de jóvenes intentó saquear un Elektra ubicado en la comunidad de Santa Clara y otra tienda departamental en la colonia Bordos, de ese municipio, en donde la policía detuvo a cinco en flagrancia, con los que en total sumaron 11 los detenidos.

Los atracos no se pudieron consumar, pues en todos los casos la policía recuperó las pantallas y juguetes que trataron de hurtar los ladrones.

Todos los detenidos mayores de edad fueron remitidos al Centro de Justicia, donde se les imputará el delito de robo. Los adolescentes fueron puestos a disposición de un ministerio público de justicia juvenil donde se les instaurará un procedimiento judicial.

Las autoridades mexiquenses informaron que en estos días se montarán dispositivos especiales de seguridad en tiendas departamentales para evitar que estos intentos de saqueos o robos se repitan.

Se contará con el apoyo de la policía ministerial y la Federal, comentó el comisionado de seguridad Eduardo Valiente.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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