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Detienen a joven por posesión de drogas y narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado informa que derivado de los operativos contra el narcomenudeo, realizados por elementos de la Policía estatal Única División Prevención, se detuvo a quien dijo llamarse: Jesús Iván Barreiro Villaseñor de 20 años, como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de posesión y/o comercialización de drogas y/o enervantes, posesión ilegal de arma de fuego y lo que resulte.

La Fiscalía General del Estado informa que derivado de los operativos contra el narcomenudeo, realizados por elementos de la Policía estatal Única División Prevención, se detuvo a quien dijo llamarse: Jesús Iván Barreiro Villaseñor de 20 años, como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de posesión y/o comercialización de drogas y/o enervantes, posesión ilegal de arma de fuego y lo que resulte.

Los hechos se registraron cuando elementos de esta institución realizaban recorridos de vigilancia prevención y combate al narcomenudeo por calles de la ciudad que son consideradas como puntos de venta de enervantes, siendo en las calles Participación Social y Administración de la colonia Unidad, donde los agentes estatales tuvieron contacto con un joven que estaba fumando un cigarro de al parecer marihuana, por lo que fue abordado.

Al realizarle una revisión de sus pertenencias le localizaron un arma de fuego calibre .380, 140 gramos de al parecer marihuana y 270 pastillas psicotrópicas en paquetes de 10 cada uno, un molino manual para droga y un rollo de bolsas de plástico para empaquetar, por lo que fue detenido.

Cuando los agentes le realizaban la lectura de derechos a Jesús Iván Barreiro Villaseñor, este les manifestó a los policías que él era el encargado de la venta de drogas en el sector por parte de un grupo criminal y si lo dejaban en libertad les daría 10 mil pesos que se acoplaran al cabo el ya había estado preso, que salió en febrero del Cereso cumpliendo una condena por el mismo delito, a lo que los agentes le indicaron que mejor hiciera uso de su derecho a guardar silencio ya que lo que digiera sería usado en su contra.

Por tal motivo el detenido junto con los objetos del delito, fueron trasladados a las instalaciones de esta institución, para la toma de generales y su posterior consignación ante las autoridades competentes.

La Fiscalía General del Estado exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad sospechosa a los teléfonos 066 emergencias y 089 denuncia anónima.

Jesús Iván Barreiro Villaseñor _sas

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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