El pasado lunes escoltas del procurador de Justicia del estado, Adrián de la Garza Santos, detuvieron al reportero Julio César Dávila y lo pusieron bajo arraigo. Su delito: fotografiar las camionetas del funcionario estacionadas en doble fila sobre la calle 5 de mayo, detrás del Palacio de Gobierno del Estado.

Con cerca de 20 años de ejercicio periodístico, Dávila Martínez trabaja actualmente en un periódico independiente; sin embargo, laboró durante varios años en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y en el municipio de Monterrey, en los últimos años ha laborado en medios independientes de Nuevo León.

Familiares del reportero explicaron que pese a que se comprobó el ejercicio periodístico de Dávila Martinez, la Procuraduría se negó a dejarlo en libertad y lo acusó de «halconeo», por lo que aún continúa arraigado.

Este miércoles el Congreso del Estado aprobó el nombrar una comisión especial conformada por los legisladores del PAN, José Luis Galván y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Juan Guajardo, a fin de intervenir en el tema y otorgar asesoría jurídica al reportero.

Así mismo, acudirá el director jurídico del Congreso del Estado, Ricardo García Villarreal, que ayudará a vigilar el debido proceso.

Durante la discusión del tema, el diputado del Partido Acción Nacional, Francisco Treviño Cabello, criticó que México sea uno de los países con mayor represión en contra de los periodistas.

No obstante, el PRI y el diputado independiente, Luis David Ortiz, pidieron no hacer juicios de valor, ni criminalizar la actuación de los elementos de seguridad, pues consideraron que pudo tratarse de un error, y el arraigo es legal.

Protestan contra detención

La esposa de Julio Dávila realizó una protesta en palacio municipal de Monterrey para pedir el apoyo del municipio.

Ericka Armida Torres Lucio indicó que aunque la autoridad estatal ya recibió una carta del medio de comunicación para el que trabajo Dávila Martínez, el reportero continúa detenido.

«Dicen que porque tomó fotos creo que a algún vehículo de funcionarios es ese (el delito del que lo acusan). Nos dijo que es un delito grave y que no alcanza fianza. Hay muchas inconsistencias, del hecho de que lo priven de la libertad y no le permitan hacer llamadas, no es lógico; todo se está manejando muy herméticamente y no quieren dar informes», declaró.

Trascendió que el comunicador fue bajado de su propio vehículo e interrogado en ese momento, donde informó que era reportero; sin embargo, presuntamente no traía una identificación que lo respaldara y fue remitido a la casa del arraigo, quedando a disposición del fiscal Ricardo Garza Sánchez, con el expediente 288/2014/I/3.