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Detienen a sujeto que explotó cohetes en la cara de cachorro en Ecatepec

Fue detenido uno de los tres sujetos que bajo influjos de alcohol y drogas colocaron cohetes en el hocico de un cachorro de aproximadamente ocho meses, en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, estado de México.

La explosión, que fue intencional para agredir al cachorro, provocó que perdiera un ojo y el otro le quedara desorbitado. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre.

El detenido señaló que con sus cómplices ingería bebidas alcohólicas cuando decidieron colocar un cohete en el hocico del cachorro de raza criolla, mismo que estalló dejando gravemente herido al animal.

El sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal y presentado ante el Ministerio Público por el delito de maltrato animal.

“Estábamos ahí con otros dos valedores, estábamos tomando y drogándonos y le metemos un cohete al perro”, relató Mario Alberto “N”, de 25 años de edad, habitante de la colonia El Salado, quien reconoció su participación en el maltrato al animal de raza criolla, de aproximadamente un año de edad, según reportaron medios locales.

El pasado 24 de diciembre, habitantes de la calle Bosque de las Flores, en la colonia Jardines de Ecatepec, alertaron a la policía de Ecatepec sobre un cachorro lastimado con pirotecnia que permanecía en la banqueta.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología y del Centro de Atención Canina y Felina de Ecatepec (Cacyfe) brindaron atención médica al animal e iniciaron una denuncia penal por maltrato animal.

El can sufrió graves heridas en el hocico y quedó ciego, por lo que recibió la atención médica requerida por veterinarios del Cacyfe, con pronóstico de salud todavía reservado.

Vilchis Contreras aseguró que no habrá tolerancia a este tipo de conductas criminales, por lo que instruyó para que fueran presentadas las denuncias penales correspondientes, además de que se pidió la colaboración de la población para dar con los responsables, lo que permitió la detención de uno de los supuestos participantes, quien al ser asegurado portaba arma punzo cortante.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Acoyani Baroco Bonilla recordó que en el Estado de México, el maltrato animal es un delito que es castigado con hasta dos años de prisión, por lo cual acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.

El caso del canino causó tal indignación que el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras dijo que en el municipio existe cero tolerancia en contra de actos de violencia hacia los animales, por lo que también acudió a presentar las denuncias de cualquier tipo de acto de maltrato animal en el municipio.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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