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México

Detienen a exconsejera electoral de Chiapas por fraude con el voto de migrantes, que favoreció al PVEM

Una ex consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas fue detenida este día por su presuntamente participar en la alteración del padrón electoral del estado.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Margarita Esther López Morales, tras la denuncia que se presentó derivado de la alteración del listado nominal en las elecciones de 2015.
López Morales ya se encuentra recluida en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 14, El Amate, ubicado en Cintalapa, Chiapas.
En aquella ocasión ciudadanos denunciaron que aparecían en la lista de votantes con residencia en el extranjero, pese a que vivían en Chiapas. Con ese fraude cibernético, Roberto Pardo Molina, ganó su curul como “Diputado migrante” del Congreso estatal.
De acuerdo con las investigaciones, más de 10 mil ciudadanos fueron inscritos de manera ilegal, lo que permitió que se emitieran 6 mil sufragios.
El 55.59 por ciento de los votos para elegir al legislador que representaría a los migrantes fueron para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 44.17 por ciento para el Partido Mover a Chiapas. Los otros partidos no recibieron ningún voto.
No sólo López Morales está acusada del delito electoral, otros tres ex consejeros que supuestamente formaron parte de la trama delincuencial también tienen órdenes de aprehensión la ex secretaria técnica y el ex secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como el representante legal de la empresa DSI Elecciones SA de CV, que se encargó desarrollar un sistema electrónico de votación y un padrón de los chiapanecos en el extranjero.
La denuncia fue hecha por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ciudadanos que no se encontraron en la lista nominal al querer emitir su voto.
Es la primera vez que se investiga un fraude electoral cibernético y se consigna ante un juez federal, de acuerdo con el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.

SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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