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Detienen a exmando policial premiado como Policía del Año por el gobierno de Javier Duarte

Un excomisario de seguridad de Veracruz, que fue premiado como Policía del Año durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido acusado de pederastia y desaparición forzada.
De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Alfredo N –quien operó bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita, también ya encarcelado– fue arrestado por elementos de la Fiscalía veracruzana el pasado 29 de abril.
La Fiscalía precisó que Alfredo fue premiado en 2015 como Policía del Año de manos de Bermúdez Zurita, detenido el pasado 3 de enero y quien estará en prisión preventiva durante ocho meses por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, y además es acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En un comunicado difundido este miércoles 3 de mayo, la Fiscalía de Veracruz informó que obtuvo otra orden de aprehensión en contra del excomisario por el delito de secuestro agravado.
La dependencia detalló que le fue revocada a Alfonso N la suspensión definitiva que impedía órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada y abuso de autoridad.
Reforma reportó que el excomisario es señalado por familias por la desaparición de más de 30 personas durante operativos en Veracruz.
Tras la captura del excomisario, Lucía Díaz –vocera de colectivo Solecito de Veracruz– señaló que él “es uno de los grandes perpetradores de desapariciones forzadas en la zona centro del Estado”.
El colectivo Solecito ha informado que prepara una denuncia penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada.
Duarte se encuentra en Guatemala en espera de que el gobierno mexicano solicite formalmente su extradición a México.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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