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Detuvieron a exprecandidato en Puebla que publicó fotos inapropiadas con su hija

El exprecandidato a diputado por el séptimo distrito del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, por Movimiento Ciudadano, José Elías Medel Galindo, fue detenido por la Fiscalía General de Puebla por el delito de pedofilia en agravio a su hija de 11 años.

Agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) realizaron la detención y aseguramiento de Elías Medel este jueves en la madrugada tras realizarse un cateo, mientras que la menor se encuentra en custodia del DIF Estatal donde se le realizan estudios pertinentes para la investigación que está en curso.

A través de Twitter, la Fiscalía General de Puebla informó que el caso está en curso en la fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

El caso se dio a conocer el febrero pasado cuando a través de distintas redes sociales se compartieron fotografías de José Elías con “actitudes inapropiadas” con su hija. Diversos usuarios y organizaciones sociales defensoras de menores señalaron que esas actitudes eran propias de una persona pedófila y pidieron una investigación.

Las imágenes se encontraron en las redes sociales del ahora ex candidato. Las actitudes que se apreciaban en las fotografías eran de los dos besándose en la boca y de la infante desnuda, a la par de presentar mensajes hacia ella como si fuera su pareja sentimental.

Después de los señalamientos públicos, Movimiento Ciudadano canceló su registro. El secretario general de acuerdos del partido, Jorge Álvarez Máynez, argumentó en ese momento que “La posición que hemos fijado respecto a las denuncias sobre abuso físico y psicológico por parte de un precandidato en Puebla no son solamente una ocurrencia. Tiene sustento en nuestro documentos básicos”.

En ese momento, Movimiento Ciudadano y sus dirigentes también señalaron que se aprecia “abuso físico y psicológico” contra la menor. Razón por la cual le fue retirada la candidatura. Mientras que el acusado, denunció campaña de desprestigio en su contra y aseguró que sólo se trataba de muestras de amor a su hija.

En México, la pederastia constituye un delito grave, el Código Penal lo define como: “quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin consentimiento”.

El 6 de febrero de 2020, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para que el delito de pederastia en México no se prescriba, a la par de tipificar el delito de encubrimiento a un pederasta.

Esta reforma modificó diversos artículos del Código Penal Federal, en el que se añadió que las sanciones de pederastia no perderán vigencia, como sucede con la corrupción de menores, pornografía infantil y el lenocinio con menor.

Por último, esta reforma agregó un apartado para aquellos que sean acusados de este delito y sean funcionarios públicos: “se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al autor del delito”.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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