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México

Devolverá Lozoya dos mansiones vinculadas por la FGR a sobornos

El extitular de Pemex, Emilio Lozoya, habría llegado a un acuerdo con autoridades federales para devolver dos mansiones de su propiedad, las cuales han sido señaladas por la Fiscalía General de la República de haber sido adquiridas con recursos provenientes de sobornos.

El periodista Carlos Loret detalla hoy en VANGUARDIA parte de este acuerdo para ceder estos dos bienes inmuebles.

“El gobierno federal prepara un anuncio de gran impacto en el caso Lozoya. Según fuentes de muy buen nivel en la administración actual, se están ultimando los detalles para que el exdirector general de Pemex devuelva dos casas que adquirió con dinero presuntamente proveniente de actos de corrupción”, escribe el columnista.

Las dos viviendas que hace referencia estarían tasadas en al menos 70 millones de pesos.

Una de ellas es una casa de descanso en Ixtapa, en el lujoso condominio Quinta del Mar, en la zona conocida como Contramar. Este bien fue incautado en julio de 2019 por la Fiscalía General de la República.

Esta vivienda, ha acusado la FGR, fue fruto de un arreglo ilegal con la empresa coahuilense Altos Hornos de México (AHMSA). La compra se hizo en julio de 2013, casi dos semanas después que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, la cual tuvo un sobreprecio.

La otra residencia se ubica en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ésta fue asegurada en mayo del año pasado bajo la acusación de que la obtuvo gracias a un arreglo corrupto con la constructora brasileña Odebrecht.

“Emilio Lozoya Austin estaría cediendo la disputa legal de las propiedades ya aseguradas, acatando un esquema de extinción de dominio con el objetivo de reparar el daño como parte del criterio de oportunidad que le ha permitido permanecer en libertad a cambio de colaborar con la Fiscalía General de la República”, señala Loret en su colaboración.

Asimismo, el periodista destaca que la defensa legal de Lozoya prepara una demanda en contra de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, con quien tuvo enfrentamientos. No se informó bajo qué cargos se haría esta denuncia.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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