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Dialoga Coparmex y Canacintra con aspirantes a la presidencia municipal y a la sindicatura

Integrantes de los Consejos Directivos de COPARMEX y CANACINTRA tuvieron la mañana de este día un encuentro con los aspirantes a la presidencia municipal capitalina y a la sindicatura, en un diálogo en que cada uno de los candidatos expuso su plan de trabajo, a la vez que escucharon los temas que preocupan al sector.

El encuentro, encabezado por los titulares de los organismos empresariales, Federico Baeza Mares y Claudia Maníquez Gardea, respectivamente, convocó a casi un centenar de empresarios que tienen participación activa en el sector, quienes retroalimentaron las propuestas con especial énfasis en los rubros de seguridad, infraestructura urbana, transparencia e inversión, que son los temas más sensibles con impacto directo en el ámbito social y productivo.

En su mensaje, Federico Baeza Mares dijo que la intención de ambos organismos es unir agendas de intereses comunes y continuar promoviendo eventos en conjunto, ya que con ello se da un mensaje de unidad y fortaleza en el gremio. Prueba de ello es este encuentro con candidatos, que es un foro para poner en la mesa los temas que más preocupan e interesan a los empresarios e industriales.

En su intervención, la abanderada de la coalición “Por Chihuahua al Frente” (PAN-Movimiento Ciudadano), María Eugenia Campos Galván, hizo énfasis en el tema de la continuidad, y enumeró los proyectos comenzados y concluidos en su gestión como alcaldesa, así como el seguimiento que plantea en este segundo periodo al frente del municipio.

Por su parte, el candidato por el PRI a la alcaldía capitalina, César Alejandro Domínguez Domínguez, aseveró que su proyecto de trabajo se basa en cuatro pilares: el orden, la rectitud, el trabajo y la solidaridad. De ellos se desprenden las estrategias concretas para atender las problemáticas del municipio.

En su mensaje, Fernando Bedel Tiscareño Luján, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-Partido del Trabajo y Encuentro Social), dio un repaso de su trayectoria de trabajo en diversas trincheras, tanto ciudadanas como de la función pública, y subrayó la propuesta de un gobierno vinculado a la academia y abierto a la sana competencia.

César Amín Anchondo Álvarez, candidato por la coalición “Por Chihuahua al Frente” (PAN-Movimiento Ciudadano), se apostó por sus propuestas para la sindicatura con un plan de blindaje anticorrupción, el fortalecimiento de estrategias de transparencia y gobierno abierto.

El candidato a la sindicatura por el PRI, Fermín Ordoñez Arana, señaló que su proyecto de trabajo es de prevención, no de corrección. Indicó que el plan es impulsar auditorias en tiempo real y la generación de convenios de colaboración con instituciones educativas, que dote de mano de obra calificada a la sindicatura, y con lo que además se prevén sustanciales ahorros operativos.

Cerró el ejercicio de diálogo la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-Partido del Trabajo y Encuentro Social), Miroslava Arvizo Lozano, quien propuso impulsar una sindicatura digital y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que hagan el contacto ciudadano más estrecho. La profesionalización de los servidores públicos, la rendición de cuentas y la presentación informes de labores de manera periódica antes representantes de organismos colegiados y organizaciones empresariales, son los proyectos a aplicar de manera inmediata.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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