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Diana Celina fue asesinada por uno de sus «amigos»; después de cometer el crimen se suicidó

La Fiscalía General de Puebla informó el hallazgo sin vida de Diana Celina González, de 24 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 23 de diciembre.

Diana fue vista por última vez el 20 de diciembre de 2019 cuando estuvo con un grupo de amigos en un karaoke bar, en la colonia Belisario Domínguez de la ciudad de Puebla. Tres días después, el 23 de diciembre, sus familiares reportaron la no localización de la joven.

La investigación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas reveló que Diana abandonó el karaoke en compañía de un amigo identificado como Sergio “N”.

Ambos subieron al automóvil de Sergio y se dirigieron al fraccionamiento Paseos del Bosque, donde él vivía.

De acuerdo con la dependencia “se tienen elementos objetivos” que indican que Sergio mató a Diana en su domicilio para después salir del lugar y abandonar el cuerpo sobre la Autopista del Sol, a la altura de la comunidad de Quetzalapa, Guerrero.

La Fiscalía añadió que después de abandonar el cuerpo, Segio “N” se trasladó a Huitzuco, Guerrero, donde se quitó la vida con un arma de fuego a bordo de su auto.

Para finalizar la Fiscalía de Puebla señala que con el hallazgo del cuerpo de la joven y las correspondientes pruebas genéticas, se determinó, en coordinación con la Fiscalía de Guerrero, cerrar el caso y dar aviso a los familiares.

Sin embargo, este domingo en su cuenta de Facebook, Maríah Hernández, mamá de Diana, se dijo sorprendida con el comunicado de la Fiscalía y al saber que se cerraría el caso, toda vez que la “necropsia económica” hecha al celular de Sergio “N” arrojó “una llamada de 7 minutos a una persona de un número procedente de Cuernavaca”, con quien habría sido su último contacto.

“Me hace pensar que allí encontraron todas las respuestas precisas para determinar este comunicado (…) Al hacer pública la nota (la Fiscalía) está afectando a mi familia y asimismo a mi persona. Tan pronto me entreguen las pruebas yo seré quien les dé a conocer todos los detalles tal y como se los prometí”, finaliza.

Desde diciembre pasado, tras confirmarse la desaparición familiares y amigos de Diana pidieron ayuda para localizarla a través de redes sociales. En Facebook crearon una página llamada Te Estamos Buscando Diana Celina.

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Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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