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Dictan un año de prisión preventiva a la exvocera de Javier Duarte

Un juez de control dictó un año de prisión preventiva a la ex Coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colío, arrestada la noche del sábado acusada de los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumpliniento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
Durante la audiencia de imputación que duró toda la madrugada de hoy domingo, se conoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a la ex funcionaria estatal de un presunto desvío de 100 millones de pesos en el periodo de 2010 a 2014.
La jueza Verónica Portilla Suazo determinó la medida cautelar de un año de prisión al considerar que había riesgo de fuga de la ex funcionaria, pues se comprobó que tiene varios domicilios.
La también ex presidenta de la Fundación Colosio del PRI, fue detenida este sábado por la noche y trasladada a la sala de juicios orales de Pacho Viejo.
La audiencia inició a las 2 de la mañana, pero se prolongó hasta las 7 debido a que su abogado, su hermano Uriel Domínguez Colio, solicitó un receso para conocer las carpetas de investigación, ya que alegó que hasta ese momento no las conocía.
De esta manera, Portilla Suazo determinó un receso de 2 horas y media para que su defensa estudiara la carpeta de investigación 110/2017 elaborada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al reanudar la audiencia, la jueza informó sobre la medida cautelar y fijó que la audiencia de vinculación se llevará a cabo el próximo viernes 26 de mayo a las 5 de la tarde.
Al salir de la sala de juicios orales número 4, Domínguez Colio fue trasladada al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, en espera de la audiencia de vinculación.
Domínguez Colío ocupó la Coordinación General de Comunicación Social del primero de diciembre del 2010 al 19 de febrero del 2014, lapso en el que fue conocida incluso como la «vicegobernadora» por la influencia que tenía sobre Duarte de Ochoa.
Ejerció un poder casi absoluto, mano dura contra medios de comunicación, un férreo control de la información, pero también otorgó jugosos convenios publicitarios con medios locales y nacionales.
A su salida de la Coordinación, el entonces mandatario hoy detenido en Guatemala, la envió a la Oficina del Gobernador, donde seguía siendo una de las más poderosas integrantes del gabinete estatal.
Al dejar la administración estatal, Dominguez Colío abrió diversas cafeterías y es señalada de ser propietaria de Servicios Estratégicos de Comunicación e Imagen, empresa que recibió 17 millones de pesos cuando era vocera.
La ex servidora pública también está al frente de tres radiodifusoras, de la agencia Quadratin Veracruz y mantiene una alianza con Telenews.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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