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Chihuahua

Dictan auto de formal prisión a ex funcionario de Coespris por peculado

Por los delitos de peculado al quedarse con un millón 122 mil pesos, y falsedad de declaración ante la autoridad, a Jorge Arturo Ostos Molina, exsecretario general de la Coespris le fue dictado el auto de formal prisión (auto de vinculación a proceso), pero las investigaciones las realizará el agente del Ministerio Público Federal, al pasar el caso a un Juzgado Federal.

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Por los delitos de peculado al quedarse con un millón 122 mil pesos, y falsedad de declaración ante la autoridad, a Jorge Arturo Ostos Molina, exsecretario general de la Coespris le fue dictado el auto de formal prisión (auto de vinculación a proceso), pero las investigaciones las realizará el agente del Ministerio Público Federal, al pasar el caso a un Juzgado Federal.

La audiencia de vinculación a proceso dio inicio ayer a las nueve y media de la mañana en la Sala 3 de los Juzgados Familiares, pero hasta la una de la tarde fue dictada la resolución por parte de la jueza de Garantías Alejandra Ramos.

El acusado permanecerá en prisión por el tiempo que dure el proceso en su contra y hasta que un juez federal determine la sanción o pena en prisión por hacerse de recursos federales destinados al estado de Chihuahua.

En la audiencia se explicó que el funcionario actuó en calidad de autor material y fue quien planeó una maniobra en forma dolosa para desparecer más de un millón de pesos destinados a la compra de cuatro equipos para laboratorio.

Uno de los proveedores de gobierno, de nombre Jorge Duque, fue el encargado de proporcionar la factura al ahora detenido. Si el detenido es juzgado por el estado podría alcanzar una pena de 4 a 12 años en prisión.

De acuerdo con la información, el Gobierno Federal había pedido comprobar el uso del recurso otorgado al estado, por lo que en la oficina de la Coespris se decidió hacer la compra de un equipo, situación de la que el imputado tuvo conocimiento, por lo que él decidió contactar con el distribuidor Tomás Guaderrama Peña para hacer la compra del equipo, pero éste dijo en su declaración que en ningún momento hizo entrega de equipo ni recibió dinero por esta supuesta compra.

Las facturas sirvieron para que el imputado pidiera cuatro cheques: el número 845, cobrado el 25 de abril de 2013; el 647, cobrado el 6 de abril de 2013; el 846, cobrado del 26 de abril de 2013; y el 850, cobrado el 3 de mayo de este año. Todos los cheques salieron directamente de Coespris y serían utilizados para la compra de equipo, cosa que nunca ocurrió. Los cheques fueron firmados por el comisionado de la Coespris Moisés Yáñez.

Ostos Molina fue presentado en la audiencia vestido con uniforme del Cereso Estatal en color amarillo fluorescente y escuchó las acusaciones que le realizó el Ministerio Público, quien leyó las imputaciones.

De acuerdo con las pruebas presentadas, el acusado cambió y firmó tres cheques: dos por 386 mil y uno por 57 mil pesos.

El 24 de septiembre del 2013, a las 14:52 horas, denunció al 066 el robo de una pick up Chevrolet Silverado modelo 2004, con placas de circulación del estado de Chihuahua, diciendo que en dicha unidad se encontraba un equipo de laboratorio.

Sin embargo, el robo de la camioneta nunca ocurrió, y que el propósito de esa denuncia fue simular la desaparición de un equipo de laboratorio que contenía varios espectómetros que nunca fueron adquiridos y que tenía que adquirir el exfuncionario para la Coespris, de la que era titular, por lo que fue acusado también de faltar a la verdad.

El ahora detenido también solicitó a un empleado de la dependencia estatal que falseara su declaración ante el Ministerio Público el 24 de septiembre, en relación con la denuncia de la pick up, a efectos de ocultar que nunca adquirió el mencionado equipo de laboratorio; también solicitó al proveedor le entregara una factura apócrifa de compra y aceptara ante la autoridad dicha adquisición.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.

Jorge Arturo Ostos Molina

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Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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