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México

Dictan prisión preventiva a presunto asesino de periodista

El Juez de Control dictó prisión preventiva por oficio en contra de Omar “N”, señalado como probable responsable por el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro, ocurrido el pasado viernes 15 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora, donde la principal hipótesis es que se dé un crimen pasional por relación extramarital.

Este sábado se llevó acabo la primera audiencia de control, donde el Agente del Ministerio Público del Fuero Común hizo la imputación por el delito de homicidio calificado con premeditación alevosía y ventaja, en contra del sospechoso identificado como Omar Hernández, de 40 años de edad, originario de Guasave, Sinaloa y empleado del ayuntamiento de San Luis Río Colorado.

“Uno de los datos principales fue la llamada que el propio Santiago realizó, momentos antes de los hechos, al número de emergencias 911, quien después de identificarse solicitó a la operadora del C-5 una unidad de la policía porque tenía un problema con una persona, dando la descripción de su casa y ubicación del domicilio, en dicho audio se puede escuchar el sonido de varios disparos después de su solicitud y posteriormente de nuevo la voz de la víctima herida pidiendo que rápido le mandaran la ambulancia, de igual manera se identifica la esposa de la víctima señalando que su esposo se encuentra herido y pide que rápido envíen una ambulancia, proporcionado de nueva cuenta los datos de su domicilio”, informó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Trascendió que el pasado viernes alrededor de las 21:00 horas, el imputado llegó a la casa de la víctima después de haber peleado con su esposa porque supuestamente mantenía una relación extramarital con el periodista, quien recibió tres disparos: uno en la clavícula y dos en el abdomen. Santiago Barroso falleció a las 23:00 horas en el hospital general del IMSS.

“En el desarrollo de la audiencia, por parte del Agente del Ministerio Público se dieron a conocer las 22 entrevistas realizadas a testigos directos y familiares, así como 10 dictámenes periciales en las distintas disciplinas como criminalística de campo, balística forense, química forense, e informe por la Unidad de Análisis e Inteligencia respecto de la intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de análisis de datos conservados; además se estableció la ruta seguida por el imputado desde su domicilio hasta la casa del periodista, donde ocurrieron los hechos, así como la ruta de huida “, agregó la Fiscalía de Justicia.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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