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Dictan prisión preventiva de año y medio a James Barousse

Una jueza de control dictó prisión preventiva de un año como medida cautelar a Cristopher “N”, en la audiencia de control de detención y formal imputación celebrada este viernes, la cual concluyó cerca de la media noche.

Estableció también que el martes 10 de noviembre a las 9:00 horas, se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso en contra del detenido.

En la audiencia de control de detención y formulación de imputación, el Ministerio Público acusó a Cristopher “N” de haber recibido dinero público por 2 millones 771 mil 788 pesos para beneficiar a un partido político.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el desvío de más de mil millones de pesos que durante la pasada administración se utilizaron para pagar campañas y sobornar a actores políticos y sociales.

Según estableció el Ministerio Público, el dinero provino de una cuenta de la Institución Bancaria BBVA, propiedad de la Secretaría de Hacienda que estaba destinada al pago de nómina de empleados de Gobierno del Estado.

El agente ministerial citó lo previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que dicta: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión, al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la causa penal 2633/2020, Cristopher “N” recibió dicha cantidad entre los años 2014 y 2016.

Durante la audiencia se presentó el orden cronológico en que fueron depositadas las cantidades en efectivo en promedio de 100 mil pesos, de la siguiente manera:

• 30 de enero de 2014
• 26 de febrero de 2014
• 27 de febrero de 2014
• 27 de marzo de 2014
• 28 de abril de 2014
• 30 de mayo de 2014
• 30 de julio de 2014
• 4 de agosto de 2014
• 29 de agosto de 2014
• 26 de septiembre de 2014
• 29 de octubre de 2014
• 28 de noviembre de 2014
• 18 de diciembre de 2014
• 25 de febrero de 2015
• 25 de marzo de 2015
• 29 de abril de 2015
• 27 de mayo de 2015
• 26 de junio de 2015
• 31 de julio de 2015
• 28 de agosto de 2015
• 28 de septiembre de 2015
• 28 de octubre de 2015
• 30 de noviembre de 2015
• 11 de diciembre de 2015
• 28 de diciembre de 2015
• 3 de febrero de 2016

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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