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Dictan prisión preventiva a exfuncionario de Duarte

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Un juzgado de control del Poder Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo, dictó prisión preventiva en contra de Leonel Bustos Solís, exdirector general del Seguro Popular -dependencia adscrita a la Secretaria de Salud-, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, omisión de un deber legal y tráfico de influencias.
La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la medida de prisión preventiva por seis meses, tomando en cuenta como punto medular el traspaso irregular de 2 mil 300 millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una cuenta identificada con el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa.
Desde la madrugada de este viernes, Bustos Solís quedó internado en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz y minutos antes de ingresar a prisión se quejó que era el primer preso “sacrificado” del gobierno Yunista.
En la audiencia de medidas cautelares estuvo presente el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien pasó el hecho bochornoso de tener que salirse de la Sala de Juicios Orales, pues sus propios subordinados y empleados judiciales le indicaron que no podía permanecer en el inmueble judicial utilizando el teléfono celular.
La jueza Verónica Portillo consideró fundada la petición de la Fiscalía, pues al no acreditar el imputado su domicilio, no se garantizaba que éste se presentara y por su solvencia económica se corría el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
La carpeta de investigación 243/2016 que integró la Fiscalía también finca responsabilidades en contra del exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, cercano colaborador de Duarte pues en su sexenio también se desempeñó como Auditor General del Órgano de Fiscalización (ORFIS) y Contralor General del Estado.
La acusación en contra de Bustos Solís fue rubricada por el director de integridad y ética de la Contraloría General del Estado, Guillermo Beck Chiquini, quien acusa de 23 transferencias hechas de cuentas del Régimen Estatal de Protección en Salud a la cuenta del gobierno del Estado por un total de 2 mil 300 millones de pesos.
Además, la Fiscalía General del Estado solicitó el embargo precautorio de sus propiedades, entre las que se encuentran un departamento en Jardines de Xalapa, un terreno en Teocelo, una propiedad en Valle de Las Ánimas, una en Alto Lucero y dos predios en una zona residencial de Xalapa.
La defensa del exfuncionario de Duarte solicitó una prórroga para “analizar” todos los elementos de la carpeta de investigación, como varias firmas de Bustos Solís e incluso alegó que el hoy acusado se encontraba en Tlaxcala al momento de las transferencias.
La próxima audiencia quedo acordada para el próximo 24 de enero.

Fuente: Zócalo

México

Gobierno federal negocia con gasolineros para contener precio del diésel

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene diálogo con empresarios gasolineros para buscar una reducción en el precio del diésel, en medio del encarecimiento internacional del petróleo derivado de tensiones en Medio Oriente.

Durante la conferencia matutina de este lunes 30 de marzo, la mandataria señaló que, pese a los aumentos globales, en México se ha evitado hasta ahora un incremento generalizado en los precios de las gasolinas. Destacó que, tras un acuerdo previo con el sector, el precio de la gasolina magna se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro durante el último año.

Sheinbaum explicó que actualmente se trabaja en un nuevo acuerdo voluntario para reducir el costo del diésel, que registra un precio más elevado. Indicó que Petróleos Mexicanos revisa los precios en terminales como parte de este proceso de negociación.

La presidenta detalló que la gasolina Premium también ha presentado incrementos, aunque subrayó que los consumidores pueden optar por la magna, la cual mantiene un tope en su precio. Añadió que las acciones se llevan a cabo mediante coordinación con el sector privado, sin recurrir a medidas coercitivas.

En su intervención, enfatizó que el control del precio del diésel es prioritario debido a su impacto en el transporte de mercancías y su posible efecto en la inflación, por lo que el objetivo es evitar afectaciones a la economía familiar ante la volatilidad de los mercados internacionales.

Por su parte, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que se mantiene un monitoreo constante de los precios de los combustibles para verificar el cumplimiento de los acuerdos con gasolineros.

Explicó que semanalmente se publican los precios mínimos y máximos de gasolina magna, Premium, diésel y gas en sitios oficiales, con el fin de transparentar la información para los consumidores. Además, adelantó que se reforzarán los operativos de supervisión en distintos puntos del país, con énfasis en el seguimiento del precio del diésel.

Las autoridades indicaron que estos operativos buscan garantizar que los compromisos asumidos por los distribuidores se reflejen en los precios al público.

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