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México

Dictan prisión preventiva a exfuncionario de Duarte

Un juzgado de control del Poder Judicial del Estado, con sede en Pacho Viejo, dictó prisión preventiva en contra de Leonel Bustos Solís, exdirector general del Seguro Popular -dependencia adscrita a la Secretaria de Salud-, por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, omisión de un deber legal y tráfico de influencias.
La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Verónica Portillo Suazo, dictó la medida de prisión preventiva por seis meses, tomando en cuenta como punto medular el traspaso irregular de 2 mil 300 millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una cuenta identificada con el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa.
Desde la madrugada de este viernes, Bustos Solís quedó internado en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz y minutos antes de ingresar a prisión se quejó que era el primer preso “sacrificado” del gobierno Yunista.
En la audiencia de medidas cautelares estuvo presente el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien pasó el hecho bochornoso de tener que salirse de la Sala de Juicios Orales, pues sus propios subordinados y empleados judiciales le indicaron que no podía permanecer en el inmueble judicial utilizando el teléfono celular.
La jueza Verónica Portillo consideró fundada la petición de la Fiscalía, pues al no acreditar el imputado su domicilio, no se garantizaba que éste se presentara y por su solvencia económica se corría el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
La carpeta de investigación 243/2016 que integró la Fiscalía también finca responsabilidades en contra del exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, cercano colaborador de Duarte pues en su sexenio también se desempeñó como Auditor General del Órgano de Fiscalización (ORFIS) y Contralor General del Estado.
La acusación en contra de Bustos Solís fue rubricada por el director de integridad y ética de la Contraloría General del Estado, Guillermo Beck Chiquini, quien acusa de 23 transferencias hechas de cuentas del Régimen Estatal de Protección en Salud a la cuenta del gobierno del Estado por un total de 2 mil 300 millones de pesos.
Además, la Fiscalía General del Estado solicitó el embargo precautorio de sus propiedades, entre las que se encuentran un departamento en Jardines de Xalapa, un terreno en Teocelo, una propiedad en Valle de Las Ánimas, una en Alto Lucero y dos predios en una zona residencial de Xalapa.
La defensa del exfuncionario de Duarte solicitó una prórroga para “analizar” todos los elementos de la carpeta de investigación, como varias firmas de Bustos Solís e incluso alegó que el hoy acusado se encontraba en Tlaxcala al momento de las transferencias.
La próxima audiencia quedo acordada para el próximo 24 de enero.

Fuente: Zócalo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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