El castigo de dos años de cárcel que recibió Diego “S” por matar a su compañera de clases Daniela Jiménez Covarrubias en Nuevo León, podría reducirse aún más, pues la defensa del sentenciado tramitó una audiencia para pedir su libertad anticipada por buena conducta. La familia de la víctima ha mostrado su rechazo e indignación ante tal hecho.

Dany tenía 15 años de edad, era delgada y baja de estatura, no medía más de 1.56 metros. Estudiaba en la Escuela Preparatoria “Prof. Ignacio Carrillo Franco” en Montemorelos, Nuevo León, y su aspiración era terminar la carrera de psicología.

La menor fue asesinada por su “amigo” la tarde del 6 de octubre de 2016. Diego, quien entonces tenía 16 años y medía 1.80 metros, le quebró los dedos, le cortó la cara seis veces con un cúter, le golpeó la cabeza con un ladrillo y la degolló. Una herida de 15 centímetros de profundidad alcanzó la arteria carótida y provocó la muerte de la chica.

Posteriormente, abandonó cadáver en un paraje y se hirió así mismo para inventar una historia a fin de lavarse las manos. Corrió al Hospital Carlota, a 2 kilómetros del lugar, contó que habían sido asaltados y llevó a la policía a la escena del crimen. En el interrogatorio cayó en contracciones y finalmente confesó. La policía lo arrestó esa misma noche.

El 9 de octubre de 2016, Diego fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, que después se reclasificó a feminicidio. El 23 de febrero fue sentenciado a dos años de internamiento, tras un juicio abreviado.

En diciembre pasado, SinEmbargo publicó la historia de Daniela Jiménez y su asesinato. Y ahora, en cualquier día cercano, Diego podría salir en libertad y antes de concretar su sentencia.

El pasado 10 de abril, la familia de la víctima fue alertada que la defensa de Diego busca la libertad anticipada, pues solicitó una audiencia para la reducción de pena bajo el argumento de buena conducta.

Mirna Covarrubias, madre de Daniela, está indignada.

“¿Cómo van a bajar más la pena, si ya se había reducido de tres a dos años, inicialmente? […] Después de la condena tan ridícula, ¿todavía la van a reducir más por “buena conducta”? ¡Me parece increíble! Si de por sí dos años a todo mundo le causan risa, coraje, ¿todavía quieren acortarla más?”, cuestionó en entrevista con este diario digital.

Diego fue trasladado del Consejo Tutelar de Menores de Escobedo, Nuevo León, al tutelar en la Ciudad de México el 31 de agosto del 2017, en donde presuntamente aún se encuentra.

La familia de Dany denunció que las diligencias y trámites de traslado se realizaron sin ninguna notificación oficial por lo que les extraña que ahora los busquen para notificarles sobre la solicitud de disminución de pena.

Mirna Covarrubias consideró que este tipo de derechos otorgados a menores que cometen delitos graves, como matar brutalmente a una niña, abonan más a la crisis de impunidad en el país.

“¿Por qué están matando a siete mujeres diarias? Por la impunidad, porque no pasa nada, porque detienen a alguien y sale como si nada, porque los derechos de los imputados están sobre los derechos de las víctimas”, expresó la madre.

ESPECIALISTA: URGE REFORMA CONSTITUCIONAL

Historias como la de Daniela han provocado escozor en varios sectores de la sociedad mexicana que cuestionan las leyes con la que los adolescentes son procesados y mantienen el debate de si los menores deberían ser juzgados como adultos cuando cometen delitos de alto impacto, o bien si se debe de disminuir la edad penal en México.

Lizbeth Padilla Sanabria, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México (UNAM), recordó que México ha firmado Tratados Internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales obligan al Estado mexicano a proteger los derechos fundamentales.

Además, la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos provocó una nueva dinámica en el país. Ahora los Tratados Internacionales se pueden aplicar al mismo nivel de la Constitución, aunque la Constitución aún queda por encima de todos los derechos fundamentales.

La investigadora explicó que, para no violar los derechos humanos, las leyes con las que se juzga a niños y adolescentes están basadas en convenios extranjeros, como la Convención Internacional para Proteger a los Niños y a Adolescentes, y por eso las penas máximas para los pequeños criminales son de cinco años.

“Bajo ese tono, el menor puede matar en condiciones terribles, violar, robar y en cinco años salir libre; y no conforme con eso, también goza de todos los derechos humanos, como los beneficios penitenciarios”, comentó la especialista.

Padilla Sanabria consideró que la norma jurídica mexicana no tiene la culpa [de las bajas penas para los menores], sino que actualmente no se observan las consecuencias jurídicas.

“… Y entre estas consecuencias, ocurre que la delincuencia organizada está reclutando a los menores para que realicen el trabajo sucio”, abundó.

En un Estado violento como en el que vivimos en México, la académica planteó limitar derechos a menores infractores que cometan delitos graves a fin de que puedan ser sentenciados como adultos, lo cual, dijo, es posible con una reforma constitucional.

“A través de la Constitución se pueden restringir derechos humanos, y a través de ella se podría restringir estos derechos protegidos por Tratados Internacionales, porque están al mismo nivel, en el Capítulo 1”, detalló.

El artículo primero constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

“Eso quiere decir que tendríamos que hacer una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos y sus garantías, en específico a los menores infractores sobre los delitos de alto impacto para que se les trate como adultos. Me parece que eso pudiera ser posible. […] Es necesario un análisis a fondo para saber cuando sí de deben de restringir derechos humanos y cuando no, como pasa en el caso de los impuestos”, añadió.

La investigadora manifestó que no hay suficiente voluntad política para abordar el conflicto porque es un tema muy polémico.

“El problema en esto, es que la política en nuestro país secuestra a la norma jurídica” señaló.

Y también dijo que “dada la proliferación de la violencia, la sociedad necesita una restricción en materia de derechos humanos con respecto a los jóvenes infractores, me parece que cualquier político puede presentar esta iniciativa de reforma constitucional e incluso los ciudadanos puede presentar a Congreso y que [el Legislativo] sólo tiene que darle trámite, pero si no conoces la norma jurídica, si no la utilizas , o la usas para obtener votos, entonces es un caso perdido”.

QUE CUMPLA LA SENTENCIA

Por su parte, Mirna Covarrubias, madre de Daniela, pide que Diego cumpla el total de la sentencia.

“Lo único que queda es que por lo menos salga el 5 de octubre, como se estableció. Si bien es cierto nada va a devolverme a mi hija, pero al menos que no salga antes.

Para la madre de la víctima este beneficio significaría una premiación para el joven feminicida.

“¿Cómo pueden decir que tiene buena conducta después de que mató a alguien en esa forma? Estoy de acuerdo que haya beneficios de buena conducta para otro delitos, pero para delitos de alto impacto, ¿cómo pueden aplicarles lo de la buena conducta y más cuando sabes el antecedente? Él tiene un desorden disociativo. Tiene carita de ángel, yo lo vi cuando fuimos a las audiencias, pero no lo es. Es un psicópata”, concluyó.

POr: Sugeiry Gándara/Sin Embargo