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México

Diego Fernández de Cevallos presenta denuncia ante la FGR en contra de AMLO

El abogado y político Diego Fernández de Cevallos Ramos, conocido como “el jefe Diego”, militante del Partido Acción Nacional, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por difamación.

Lo anterior para que la dependencia federal investigue las acusaciones del titular del poder ejecutivo en su contra, de tal maneral que sea la autoridad quien dictamine las acciones penales o resuelva que no existen hechos delictivos.

A través de su cuenta de Twitter, el panista advirtió que presentó su denuncia de hechos en relación con las imputaciones hechas por el presidente de la república.

“Hoy, 25 de mayo de 2021, a las 12:15 horas, personalmente acudí a la Fiscalía General de la República y presenté formal Denuncia de Hechos, en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional”, indicó Fernández de Cevallos.

Cabe señalar que el pasado 18 de mayo, “El Jefe Diego” retó al mandatario a denunciarlo ante la FGR si existía un delito en su contra y pidió imputar delitos sin la existencia de pruebas.

En días pasados, el presidente de la república acusó al panista al decirle que era parte del grupo opositor que articuló Claudio X. González, y dijo que era el abogado de una empresa a la que el gobierno de Vicente Fox devolvió “miles de millones de pesos”.

Ante estas acusaciones, Fernández de Cevallos declaró que dichas imputaciones no le correspondían al presidente hacerlas por lo que solicitó presentar la denuncia, de lo contrario él si cumpliría su palabra.

Linchamiento mediático no sustituye a la justicia: Fernández de Cevallos
“Le advierto: si no satisface pronto mi exigencia, la denuncia de hechos la presentaré yo. Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados, especialmente a los más vulnerables”, escribió “El Jefe Diego”.

Dichas discusiones nos hacen remontar al debate del año 2000, cuando el político tabasqueño le echó en cara la “supuesta” alianza que tenían el PRI y el PAN, pese a la ‘supuesta oposición’, a lo que Fernández de Cevallos estableció que no existía relación alguna con el partido tricolor.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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