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Diego Luna, Cuarón e Iñárritu lanzan iniciativa poselectoral ‘El día después’

Un grupo de artistas mexicanos, entre los que se encuentran Diego Luna, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, presentó este martes la iniciativa ‘El día después’ que busca la reconciliación de los mexicanos tras el proceso electoral.

En conferencia de prensa, Luna detalló que la iniciativa es un llamado a la empatía para «encauzarnos y encontrarnos» en el ambiente de violencia que se vive en el país.

Otros de los artistas involucrados en el proyecto son los directores Alejandro González Iñárritu, el fotógrafo Emmanuel Lubezki, el actor Luis Gerardo Méndez, y las cantantes Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.

El proyecto incluye también un minidocumental que podrá ser visto en el sitio eldiadespues.mx y que analiza qué es la democracia y el aporte de cada ciudadano a la misma.

El audiovisual de 12 minutos contó con la participación de Lydia Cacho, Daniel Moreno, Carlos Puig y José Woldenberg, indicó Luna.

Luna explicó que, eventualmente, todos los protagonistas de esta iniciativa se irán involucrando, para así construir una reflexión y debate.

El actor admitió sentirse triste tras los debates presidenciales por el nivel en el que exhibieron los presidenciables.

«Me pareció triste el nivel en términos de propuestas, fue una descalificación muy burda», indicó.

El movimiento también promueve un manifiesto con 12 compromisos ciudadanos en busca de un mejor futuro para el país.

1. Garantizar la paz y la tolerancia

2. Acabar con expresiones como el racismo, el clasismo y la exclusión de las personas con discapacidades

3. Ejercer una actitud crítica hacia nuestros gobernantes

4. Denunciar actos de corrupción

5. Combatir la pobreza y la desigualdad en todas sus formas

6. Escuchar a los pueblos indígenas y asegurar que sus decisiones y autonomías sean respetadas

7. Defender la igualdad de género, social, económica y de oportunidades para las mujeres

8. Respetar la identidad de género y la orientación sexual de cada persona

9. Solidarizarse con los migrantes indocumentados y defender los derechos de los paisanos al otro lado de la frontera

10. Apoyar la educación, la cultura, la ciencia y las artes como pilares del proyecto de nación

11. Respetar el medio ambiente

12. Defender la libertad de expresión en todas sus formas

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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