El partido Morena en el estado de Chihuahua observa con cautela el inicio del gobierno de María Eugenia Campos Galván, y anticipa que rechazará cualquier política pública que vaya en contra de los derechos humanos, atención a grupos sociales y personas vulnerables.

Integrantes del Consejo Estatal de Morena difundieron un posicionamiento público la noche del miércoles, en el que advierten de posibles políticas públicas y de gobierno que puedan limitar avances sociales y de derechos, los cuales fueron adquiridos por años de lucha de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y movimientos, por lo que Morena defenderá dichas causas.

“Rechazaremos que su administración estatal quiera limitar y frenar los avances sociales y de derechos, como los esfuerzos por abatir la violencia contra las mujeres, atención a derechos humanos, a grupos vulnerables y laborales”.

Morena recordó que en el estado de Chihuahua existen 110 mil personas en pobreza extrema y 952 mil en situación de pobreza, quienes serán afectados por las nuevas políticas, si se ignora el carácter prioritario de la atención a los pobres.

Entre los temas que serán de atención para el partido de oposición, se encuentran las finanzas de Pensiones Civiles del Estado, los cambios a la Secretaría de Desarrollo Social ahora llamada Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y la nueva organización de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer.

Morena alertó que “antes, Chihuahua ha sido vanguardia en movimientos sociales y luchas democráticas. Hoy está en posición de retroceder décadas, por impulso de leyes y políticas conservadoras”.

“Este retroceso queda al descubierto por la reunión de senadores del Partido Acción Nacional con el líder español, Santiago Abascal, del partido fascista Vox, y al observar que políticos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y ex priistas del gobierno de César Duarte Jáquez serán funcionarios de María Eugenia Campos”.

“Morena reitera la postura de que es obligación del gobierno estatal atender y respaldar primero a los pobres, reconocer derechos a todas y todos los chihuahuenses, y poner en el centro de la política pública a quienes fueron ignorados y olvidados por décadas de gobiernos neoliberales. Las creencias particulares, ideas religiosas, filosofías empresariales y el pensamiento individualista no pueden pasar por encima de los derechos humanos y constitucionales, tampoco deben convertirse en política de gobierno”, señalan en el posicionamiento público.