Opinión
Diplomacia. Por Raúl Saucedo
Estirar la liga
En un mundo interconectado y globalizado, la diplomacia como máxima de la política entre las naciones se erige como un pilar fundamental para el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación. La importancia de la diplomacia radica en su capacidad para resolver conflictos, fomentar el diálogo y promover el entendimiento mutuo en un escenario internacional cada vez más complejo y diverso.
La diplomacia, en su esencia, consiste en el arte de la negociación y el manejo de las relaciones internacionales entre los países. A través del diálogo y la negociación, los diplomáticos buscan alcanzar acuerdos y soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. En un mundo marcado por la interdependencia y la multiplicidad de actores internacionales, la diplomacia se convierte en una herramienta indispensable para abordar los desafíos globales, como el cambio climático, las guerras, la migración y la inequidad de la riqueza.
Conforme a lo antes expuesto querido lector usted habrá de traer a su pensamiento lo recientes sucesos en el país de Ecuador, donde la diplomacia (si es que existió) fracaso a tal modo dejó como estela imágenes de la irrupción de las fuerzas del orden ecuatorianas en la sede diplomática de México en aquel país Sudamericano.
Pero que es lo que esconde este “asalto” y falta grave a la diplomacia internacional, permítame tratar de resumirlo, antes de ello pongo a referencia para su consulta una columna que escribí en el pasado mes de enero donde hablo precisamente del perfil del presidente de ecuador Daniel Noboa (1).
Vayamos pues. La interrupción a una sede diplomática no es una acción tomada a la ligera, sino que implica la participación de fuerzas armadas, empresarios, partidos políticos y miembros del gobierno, y se planifica cuidadosamente considerando sus repercusiones. En el caso del asalto a la embajada de México en Quito por parte de la policía ecuatoriana, se sugiere que esta acción fue plenamente planificada, lo que lleva a cuestionar la verdadera autoridad del presidente ecuatoriano sugiriendo que su padre, el empresario Álvaro Noboa (Perdedor de 5 contiendas presidenciales), ejerce el poder en la sombra. Aunque la crisis diplomática resultante pueda revertirse a corto plazo, Ecuador logra momentáneamente su objetivo de impedir la salida al exilio del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel.
Jorge Glas Espinel quien es el epicentro de la disputa diplomática fue vicepresidente de dicho país durante 2 periodos (Rafael Correa y Lenin Moreno), durante ese periodo Glas fue condenado a 8 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch, en un caso que abarca diferentes gobiernos de toda América Latina, entre ellos México.
Jorge Glas Espinel. Salió del gobierno de Lenin Moreno y se entregó a las autoridades para cumplir su condena, pero por medio de los recursos jurídicos pudo obtener la libertad condicional a la mitad de su condena. Los procesos en su contra se mantuvieron y a finales de 2023, ya durante el gobierno de Daniel Noboa, lo citaron para que diera explicaciones
sobre el manejo de fondos sobre el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí, (7 años antes).
Glas entonces buscó refugio diplomático en la embajada de México. Durante estos meses, las acciones judiciales para que el gobierno de México lo entregara no tuvieron éxito, acogiéndose nuestro país a la figura de “huésped” misma que no existe en el derecho internacional, no fue sino hasta las declaraciones del ejecutivo federal sobre el pasado proceso ecuatoriano donde empezó la tensión entre las naciones, declarando la no gratitud de la presencia de la embajadora de México en Ecuador y la declaración del asilo político de Glas misma que quizá fue tardía y sobre reaccionada ya con el conflicto encima.
Todo lo anterior expuesto desencadenó que la madrugada de este sábado un grupo de uniformados entró por la fuerza y en forma irregular a la sede diplomática y se llevó por la fuerza al dos veces vicepresidente Glas.
A la fecha México ha sido arropado por diferentes naciones y organizaciones internacionales referente a los sucesos, esto no puede marcar una directriz referente al futuro de las naciones, la respuesta tiene que ser enérgica y contundente.
Mientras los juristas y jugadores de padel definen como territorio mexicano la Embajada, yo apelo solamente a la condición de extraterritorialidad en el espacio de las casonas. Mientras tanto hago votos para que la situación se resarza silbando y cantando aquella del maestro Joaquín Sabina…. “De Sobra sabes que eres la primera.”
(1) https://segundoasegundo.com/el-milenial-por-raul-saucedo/
@Raul_Saucedo [email protected]
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
-
Resto del mundo22 horas agoEl voto latino, clave en elecciones intermedias de EE. UU. 2026
-
Resto del mundo24 horas agoTurista indio fallece tras colisión de helicópteros cerca del Everest
-
Dinero22 horas agoImpacto de elecciones en EU 2026 en mercados financieros
-
México10 horas agoEl turismo de Puebla renace gracias al Ángel del Turismo

