México

Diputada de Morena busca reducir la jornada laboral a 40 horas con el apoyo de los maquiladores

Tijuana (México), 21 enero.- Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, la diputada federal de Morena Susana Prieto Terrazas lanzó este sábado una campaña de lucha en favor de la iniciativa de reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La legisladora visitó la ciudad fronteriza de Tijuana, donde se reunió con trabajadores de una maquila. En el salón Centenario, cerca del puerto de San Ysidro, Prieto Terrazas ofreció una asamblea informativa y motivacional a unos 200 asistentes, acompañada por la diputada federal Evangelina Moreno y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ambas de Morena.

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La diputada explicó que su propuesta consiste en modificar el Artículo 123 de la Constitución, para que los trabajadores tengan derecho a dos días de descanso semanal con pago íntegro, en lugar de uno, y que la jornada máxima diaria sea de ocho horas por cinco días, lo que implicaría una reducción de ocho horas semanales.

Prieto Terrazas señaló que esta iniciativa, que presentó desde el 20 de octubre de 2022, es un compromiso con la clase trabajadora, que desde 1917 no ha visto una reforma en materia de días de descanso, que son un derecho humano. Asimismo, dijo que esta medida beneficiaría la salud, la productividad, la calidad de vida y la convivencia familiar de los trabajadores.

“Diecisiete veces, no igual ni como esta reforma, pero se ha tratado de disminuir la jornada laboral en diversas legislaturas que ha tenido el país y todas las veces ha ganado el sector empresarial, protegido por los políticos que han tumbado la iniciativa”, dijo.

La diputada reconoció que su iniciativa enfrenta una fuerte oposición del sector empresarial, que ha pedido una gradualidad en su aplicación, y de los políticos que han frenado su discusión en el Congreso. Por eso, convocó a un movimiento de resistencia civil pacífico, al estilo de los que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir la aprobación de las 40 horas.

“Por eso yo estoy convocando a un movimiento de resistencia civil pacífico, como aquellos movimientos a los que nos convocó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para ponderar la aplicabilidad de las 40 horas o, mejor dicho, dos días de descanso, por cinco días de trabajo, para una jornada efectiva de 40 horas a la semana”, dijo.

La diputada reconoció la fuerte oposición del sector patronal en todo el país, señalando la falta de respaldo de cámaras como el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

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“La iniciativa planteada no habla de horas, habla de días de descanso laborales”, detalló. “No hay un patrón que la avale porque las prerrogativas mínimas de los trabajadores son exigibles obligatoriamente para ellos y les da derecho a los trabajadores de demandar a los patrones cuando esto no se cumple”.

La diputada llamó a la sociedad a unirse a este movimiento en busca de un cambio en la jornada laboral y destacó la importancia de la participación ciudadana para lograr una legislación que beneficie a la clase trabajadora.

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La diputada destacó que los trabajadores, especialmente los de la industria maquiladora (que importa temporalmente los materiales y/o equipos para la elaboración de bienes) en el norte del país y en los 33 municipios donde está establecida desde hace muchos años, supuestamente no descansan los sábados y domingos, lo cual consideró falso.

“Los trabajadores no descansan los sábados, ellos pagan la jornada del sábado distribuida de lunes a viernes, por eso no laboran ocho horas diarias, mínimamente laboran nueve horas y media diarias, porque cada día pagan una hora y media de más, por eso tenemos que concientizar a la clase trabajadora sobre el desconocimiento que tienen sobre sus derechos y animarla a luchar por los mismos, ese es el motivo que me trajo a Tijuana”, señaló.

Después de atender a los medios, la diputada Prieto ofreció su asamblea donde compartió la misma información antes mencionada e invitó a los trabajadores a unirse a su lucha. Al final, realizaron una marcha simbólica en defensa de la iniciativa desde el salón hasta el Palacio Municipal, ubicado a unos metros de donde se encontraban.

Trabajadores a favor de la reducción de la jornada laboral se manifiestan hoy, en la ciudad de Tijuana (México). EFE/Joebeth Terríquez (Joebeth Terríquez/EFE)

Finalmente, invitó a todos los trabajadores del estado a unirse, cada uno en sus lugares de residencia, a la manifestación nacional que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero para continuar con esta lucha.

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Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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