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Diputada señalada como presunta reclutadora de red de prostitución, presidirá comisión de la niñez en CDMX

Sandra Esther Vaca Cortés, presunta reclutadora de una red de prostitución dirigida por el exdirigente del PRI en Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue nombrada presidenta de la comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso capitalino.

Sandra Vaca logró la curul luego de que la diputada electa del PRI, Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez, pidiera licencia al cargo al Congreso de la Ciudad de México.

Vaca Cortés fue señalada como la responsable de convencer a las mujeres que tenían que ofrecer intercambios sexuales para obtener más dinero, aunque ellas sólo acudían para pedir trabajo de edecanes.

En 2014, cuando se fue acusada, era secretaria particular de Gutiérrez de la Torre y junto con Claudia Priscila Martínez González, eran presuntamente los filtros principales para reclutar a las jóvenes que pedían trabajo como edecanes, secretarias o auxiliares administrativas.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ernestina Godoy, aseguró que ella y la bancada de Morena estuvieron en desacuerdo con esta designación.

Fue un acuerdo de la bancada del PRI y fueron ellos quienes tenían esa comisión, aseguró Godoy, de acuerdo con el diario Reforma.

“Hemos hecho el señalamiento que nos parecía que no era apropiado, nos han dicho ‘es un asunto mediático, no se comprobó nada, nosotros la vamos a sostener, nosotros vamos a avalarla’”

“Nos parece que no era conveniente y así lo manifestamos… que no era conveniente, pero bueno, a fin de cuentas el grupo parlamentario tiene libertad de definir quienes van a las presidencias”, dijo.

El pleno del Congreso de Ciudad de México aprobó la integración de las 40 comisiones, 22 de las cuales presidirá Morena, así como los seis comités y una comisión especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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