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Diputado de Morena mete al hijo a la nómina en Veracruz; gana 15 mil por ser “chofer”

El Diputado de Veracruz del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Magdaleno Rosales Torres, admitió que su hijo forma parte de la nómina del Congreso local y que cobra 15 mil pesos desempeñándose como chofer.

La declaración del legislador surgió luego de que Jorge Triana, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Ciudad de México, evidenciara al Diputado veracruzano.

Rosales Torres fue cuestionado por la prensa local después de una sesión ordinaria en el Congreso. En ese momento, el Diputado comentó que no estaba cometiendo ninguna falta.

En el video que circula por redes sociales, explicó que su hijo es parte del grupo de confianza que “tiene la brigada de salud”.

“¡Oiga, pero eso es desvío de recursos públicos! ¿Cómo una brigada de salud pagada por el Congreso del estado?”, le señaló una de las reporteras.

Titubeando, el congresista negó que se tratara de algo así y precisó que su hijo sólo transportaba a los especialistas de la brigada.

Además, enfatizó que su hijo puede pertenecer a su grupo de confianza, porque “es una perrogativa que le corresponde”.

“No, no, no, no, no. Él simplemente es el que maneja la camioneta. Y no, desvío de recursos, no. ¿Cómo va a ser desvío de recursos? Esa es una perrogativa que me corresponde, a un servidor”, defendió Rosales.

La prensa le recalcó que se trataba de influyentismo, nepotismo o tráfico de influencias, por lo que debería ser denunciado.

“No, nepotismo, no. Tampoco. Porque no es un ‘paracaídista’. Los ‘paracaídistas’ son cuando los tienen en nómina y simplemente no se presentan a trabajar”, contestó rápidamente el legislador.

Ante la respuesta, los periodistas corrigieron el error de Magdaleno Rosales diciendo que se les llama “aviadores” a quienes cobran pero no laboran, y que los “paracaídistas” son los invasores de propiedades.

Los reporteros siguieron con las preguntas y destacaron a varios funcionarios que tienen a algunos amigos o familiares dentro de la nómina. Ante los dichos, el morenista justificó que estas prácticas se han hechos desde gobiernos anteriores.

“Estas prácticas las han venido haciendo siempre el gobierno, no es el único, en gobiernos anteriores los han venido haciendo con demasía”, expuso Rosales.

Finalmente, aseguró que dará de baja de la nómina a su hijo para que no exista duda del compromiso que tiene con el Gobierno estatal y con la ciudadanía. A la par, subrayó que él nunca negó que su hijo estuviera laborando en el Congreso.

“Yo voy a dar de baja a mi hijo, nunca lo he negado, me han preguntado y sí, está ahí y lo voy a dar de baja. Él está cobrando 15 mil pesos al mes, él tiene primaria y es mayor de edad, lo voy a dar de baja”, terminó.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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