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México

Diputados aprueban desaparición del fuero presidencial

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar el fuero al presidente de la República y éste pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales, entre otros.

Con 20 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones se avalaron las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos por lo cuales se puede juzgar al titular del Ejecutivo.
De esta forma, el presidente actual o futuro podrá ser enjuiciado por los delitos que detalla el artículo 19 constitucional:

Abuso o violencia sexual contra menores
Delincuencia organizada
Homicidio doloso
Feminicidio
Violación
Secuestro
Trata de personas
Robo de casa habitación
Uso de programas sociales con fines electorales
Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud
Sin embargo, el documento también estipula que para que el presidente pueda ser acusado penalmente solamente podrá ser acusado ante el Senado de la República.

Durante la discusión, el diputado Pablo Gómez Álvarez de Morena aseguró que durante muchos sexenios, los presidentes de la República había sido impunes, realizando actos de corrupción y delitos electorales, algo que llegó a su fin con la aprobación del dictamen.

«Durante muchísimos sexenios condonaban adeudos fiscales, durante muchos sexenios los presidentes eran impunes, nadie se metía con ellos. Hoy queremos enviar un mensaje al país: No estamos de acuerdo, renegamos de esa historia», expresó.

En contraste, el legislador Ricardo Villareal del PAN, aclaró que el dictamen bajo ninguna circunstancia elimina el fuero constitucional, continúa privilegiando al Presidente, ya que sólo puede ser juzgado por algunos delitos del fuero común y no por cualquier delito.

«No cambia el fuero que tenemos los diputados, los senadores, gobernadores u otros políticos, a nosotros esta reforma no nos toca. Nos deja igual, privilegiados mientras los ciudadanos no tienen estos privilegiados», indicó.

El diputado Gerardo Fernández Noroña del PT manifestó que el presente dictamen dará la oportunidad de saber por qué delitos el Presidente puede ser juzgado, aunque propuso que el fuero constitucional continúe para el primer mandatario de la República.

Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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