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Política

Diputados aprueban minuta para impulsar desarrollo científico

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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una minuta del Senado, con el fin de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovación del país y lo turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

El documento, avalado en un sólo acto en lo general y lo particular, con 438 votos a favor plantea “que el desarrollo tecnológico internacional nos ha absorbido y en él, México ha quedado rebasado, pese a que en el país se cuenta con los recursos humanos y materiales esenciales para transitar por esta vía”.

La reforma busca incentivar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo.

También elimina el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con tercero.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado de Nueva Alianza, José Bernardo Quezada Salas, declaró que el desarrollo de las naciones requiere de elementos esenciales para su óptimo crecimiento. Indiscutiblemente, la ciencia, la tecnología y la innovación son parte de estos.

La historia ha demostrado que la investigación científica y el desarrollo tecnológico son factores determinantes para el crecimiento y progreso de la industria y economía de un país, por lo que su óptimo aprovechamiento resulta clave para la competitividad de las naciones”, dijo.

Puntualizó que según las estimaciones internacionales, México puede pasar de ser la economía número 11, a ser la 5ta a nivel mundial en 2050, siempre y cuando, se asuman las decisiones para aumentar las inversiones en ciencia y tecnología.

Explicó que el próximo año, México invertirá más de $91, 650 millones de pesos en el sector ciencia, tecnología e innovación. Esto corresponderá aproximadamente al 0.57% del PIB y en comparación con otros países, la inversión es muy baja en comparación con la media internacional, de hecho es la más baja de los países integrantes de la OCDE.

Estados Unidos invierte el 2.77% de su PIB, Japón el 3.3%, Corea del Sur 4.03% e Israel, el 4.38% de su Producto Interno Bruto. Incluso economías similares a la nuestra, como Brasil invierten más del 1% en este sector”, aseveró.

Por lo anterior expuso la necesidad de la participación del sector privado para que, en alianza con los investigadores y las instituciones se puedan masificar los resultados de las investigaciones, en beneficio de la sociedad.

Hasta hoy, la mayoría de los investigadores del país no pueden participar directamente en la vinculación con el sector privado pues existen barreras legales que se los impiden”, refirió.

Fuente Excelsior

Política

Olson pide investigar a Diputada de Morena por presunto ‘Cártel del Agua’ en Chihuahua

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Chihuahua, Chih.– El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson, presentó un Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal investigue posibles irregularidades en la entrega de concesiones de agua y cambios de uso de suelo durante administraciones anteriores de CONAGUA y SEMARNAT en Chihuahua, particularmente en el periodo en el que una diputada de Morena ocupó responsabilidades federales en materia ambiental.

Olson señaló que las recientes acusaciones del Ejecutivo Federal sobre pozos irregulares en el estado deben pasar del discurso a la investigación formal, seria y transparente, porque el agua es un recurso estratégico para las familias y productores de Chihuahua.

Recordó que diversos sectores han denunciado que, durante la gestión de la diputada de Morena, se habrían autorizado cambios de uso de suelo y permisos ambientales sin cumplir requisitos técnicos, lo que pudo haber beneficiado a intereses particulares y generado desequilibrios en la disponibilidad del recurso.

“En Chihuahua no puede existir un ‘cártel del agua’. La ciudadanía merece claridad y legalidad en el manejo de sus recursos,” afirmó Olson.

El legislador subrayó que este llamado no busca perseguir políticamente a nadie, sino proteger a los productores, garantizar la transparencia y evitar que el agua se utilice como un instrumento de poder o de presión política.

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