La Cámara de Diputados aprobó este lunes una reforma que transforma por completo la Clave Única de Registro de Población (CURP), al convertirla en un documento nacional de identificación obligatorio con datos biométricos integrados, como huellas dactilares y fotografía. La iniciativa, impulsada en el contexto de la lucha contra la desaparición forzada, generó una intensa discusión en el Pleno y ha encendido alertas por posibles riesgos a la privacidad.

Con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones, se aprobaron en lo general las modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la Ley General de Población. El PRI votó en contra de ambas reformas, el PAN dividió su voto —a favor de la primera y en contra de la segunda—, mientras que Movimiento Ciudadano optó por abstenerse.

A partir de esta reforma, la CURP deberá integrar de manera obligatoria huellas dactilares, fotografía y se reconocerá como documento oficial de identidad a nivel nacional. Esta nueva CURP formará parte de una Plataforma Única de Identidad, la cual estará enlazada con una vasta red de bases de datos, incluyendo el Banco Nacional de Datos Forenses y sistemas informáticos de sectores como salud, transporte, telecomunicaciones, educación, servicios financieros, paquetería e incluso registros religiosos.

Además, se creará la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas, que estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha base será actualizada en tiempo real por las fiscalías del país.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es que quienes administren datos biométricos o de identidad estarán obligados a permitir que autoridades de seguridad —federales y estatales—, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, puedan acceder a esta información sin necesidad de orden judicial. Esto incluye datos personales sensibles como enfermedades o creencias religiosas.

La oposición alertó sobre los riesgos de un uso indebido de esta información. Diputados advirtieron que la falta de controles y supervisión podría abrir la puerta a violaciones graves a la privacidad, en especial si funcionarios corruptos o con nexos criminales acceden a estos datos. También se cuestionó la posibilidad de que se utilice la geolocalización de ciudadanos en tiempo real sin un marco legal que limite ese poder.

Organizaciones civiles y expertos en derechos digitales ya han comenzado a expresar su preocupación por el alcance de esta reforma y la ausencia de un órgano autónomo que regule el uso y acceso a la Plataforma Única de Identidad.

Aunque el dictamen aún debe pasar al Senado para su análisis y eventual aprobación final, la votación en San Lázaro marca un paso clave hacia la creación de un sistema nacional de identificación que transforma la CURP en una herramienta de vigilancia sin precedentes en México.