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Diputados califican de “cínico, corrupto y desastroso” al gobierno de Calderón

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Como corrupto, malo, caro, ineficaz, cínico, desastroso e irresponsable, fueron los calificativos que recibió el gobierno de Felipe Calderón de parte de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, con excepción del PAN, durante el análisis de los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2010.
La discusión, que duró cuatro horas, inició con un reclamo al gobierno calderonista por no haber publicado el decreto presidencial donde se rechaza, por parte del Poder Legislativo, la cuenta pública de 2007. Tras ello, el priista César Augusto Santiago calificó como “un escándalo” los resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sobre todo porque, dijo, 28% de las solicitudes de información a las dependencias no se entregó, es decir que figuró la opacidad en las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comunicaciones y Transportes (SCT), pero en especial en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Entre los funcionarios más cuestionados estuvo Juan Molinar Horcasitas, exconsejero “ciudadano” del Instituto Federal Electoral, quien en el gobierno calderonista primero fungió como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y después como titular de la SCT.

A Molinar Horcasitas le cuestionaron que durante su paso por el IMSS hubiera “rescatado”, con dinero “de los pensionados y derechohabientes”, a empresa privadas como Metrofinanciera, Cemex y Su Casita, entre otras, con la “complicidad” de Sociedad Hipotecaria Financiera y la Comisión nacional Bancaria y de Valores.

A Turissste se le reclamó que esté subcontratando todos sus servicios, y a la SHCP que tenga “disponiblidad” de recursos por 332 mil millones de pesos dentro de fideicomisos “dudosos”, o que se haya incurrido en subejercicio en el uso del programa “alimentario”, mientras varios sectores del a población mueren de hambre, como sucede en la sierra Tarahumara.

Los priistas César Augusto Santiago y Sebastian Lerdo de Tejada llamaron la atención sobre la Secretaría de la Función Pública (SFP), una de las peores calificadas por la ASF.
“La SFP es un fracaso, fue condescendiente. La encargada de vigilar que no haya corrupción, fue una de las más cuestionadas”, señalaron.

“A la Secretaría de la Función Pública le corresponde revisar mil 961 indicadores del desempeño para ver si las metas de los programas se han cubierto. La Cuenta Pública de 2010 reporta que nada más revisó 156 indicadores, es decir 8% de su responsabilidad. Consecuentemente, el secretario de la Función Pública tiene 8% de autoridad moral”, dijo César Augusto Santiago.

Por lo anterior, los priistas propusieron “que ese señor (el titular) vaya a la Cámara a rendir cuentas del desastroso lugar de las finanzas, pero sin acuerdos pactados”.

En voz de Pablo Escudero, el Partido Verde siguió con el tema de la llamada Estela de Luz e hizo un comparativo entre el costo de la obra para “festejar” el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, y el de la obra representativa de los Juegos Olímpicos en Londres, que se celebrarán este año.

El costo de la obra en Londres, una torre de mayor altura, mayor tonelaje y un restaurante en la parte más alta, fue de 460 millones de pesos, contra mil 176 millones de la Estela de Luz, que además, dijo, no tiene ninguna utilidad.

En su oportunidad, el petista Mario Di Costanzo cuestionó que en los 12 años de gobiernos panistas hubiera 800 mil millones de excesos petroleros (es decir dinero no contemplado por ingresos), mientras la pobreza alcanzó a 57 millones de mexicanos.

Calificó de “lamentable” que un pariente de la familia presidencial haya manejado un contrato por 3 mil millones de pesos para modernizar el sistema de informática del IMSS y no haya servido para nada.
El priista Jesús Alberto Cano Vélez cuestionó que haya 72 mil millones de pesos en subejercicio y otros 58 mil millones estén en mandatos, contratos o fideicomisos. “Los panistas derrocharon el dinero”, reclamó.
En respuesta, Gastón Luken, diputado por Baja California, aseguró que el presidente Felipe Calderón y Acción Nacional siempre han abanderado la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, más de 28% de las solicitudes de información que requirió la ASF fue negada.

Enseguida, Luken aceptó la necesidad de contar con una respuesta clara de cómo se manejaron los recursos y proceder a la sanción que ameriten los gobiernos federal y estatales o los partidos.
“Se nos ha entregado un informe que ciertamente tiene datos que preocupan. Éste es un informe inicial ante la Cámara de Diputados sobre las observaciones que ha hecho la ASF a estos entes, y estos entes están todavía en su momento, en posición procesal para responder a esos casos, a esas observaciones, y para solventar esas observaciones”, dijo.
En su turno, la diputada perredista Esthela Damián Peralta advirtió que los subejercicios son favorecidos por los retrasos entre las reglas de operación de los programas, la solicitud y la ejecución de recursos, así como por una estrategia para la reasignación de esos recursos que al final terminan en subejercicio. “Son el doble de lo que distribuye la Cámara de Diputados” indicó.
Añadió:
“No conocemos con exactitud los recursos que ellos reasignan de manera discrecional, y estos recursos en estos momentos son más del doble de los que anualmente distribuye esta Cámara de Diputados”.
Asimismo, recordó que en la revisión federal que debe hacerse a los casinos, la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con sus obligaciones.
La legisladora Laura Arizmendi Campos, de Movimiento Ciudadano, comentó que en los gastos realizados con motivo de la conmemoración de las fiestas del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, de acuerdo con la cuenta pública 2010, no existió una planeación adecuada de las actividades, y los recursos destinados para ello no se administraron.

“Resulta lamentable la actuación del gobierno federal ante el proyecto Estela de Luz, por lo que apoyamos la recomendación hecha por la Auditoría Superior de la Federación para que no se realice el finiquito por la construcción del monumento en tanto no se esclarezca la totalidad de las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador”, manifestó.
Más tarde, su compañero de bancada, Alberto Pérez Cuevas, consideró las críticas como “una cortina de humo” de PRI para que no se diga que su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, está bajando en las encuestas, y la del PAN, Josefina Vázquez Mota, está subiendo.

Sebastian Lerdo de Tejada le aclaró que no era así, pues las criticas no las estaba haciendo un partido político, sino la Auditoría Superior de la Federación, o sea el máximo órgano auditor del país.
“Este es un asunto de legalidad e ilegalidades”, de corrupción, ineficacia y maniqueísmo, donde el restado ha sido un gobierno con más pobres, más muertos y más derroche de recursos, subrayó.
Después de cuatro horas de discusión, el PT propuso que en lugar de repetir los resultados de la ASF, los partidos se deberían poner de acuerdo y definir a cuáles funcionarios se les deben fincar responsabilidades “penales”.
Esa propuesta, al igual que la comparecencia del titular de la ASF, nunca se sometió al pleno, y el tiempo de discusión se convirtió en la “tribuna de los lamentos”, como la llamó el petista Gerardo Fernández Noroña.
“Aquí no pasa nada”, tanto saquear al país, corrupción, y no pasa nada, dijo Fernández Noroña, y en ello coincidió el priista César Augusto Santiago.

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México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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