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Diputados chilenos aprueban eutanasia para mayores

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SANTIAGO (AP) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un proyecto de ley para permitir la eutanasia y el suicidio asistido para los mayores de 18 años en uno de los países más conservadores de Latinoamérica. La iniciativa pasó ahora a debate en el Senado.

El proyecto sobre “Muerte digna y cuidados paliativos”, que ingresó al Congreso en 2014 impulsado por la oposición de centroizquierda, fue votado mayoritariamente artículo por artículo por los 141 diputados que asistieron a la sesión.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone al proyecto, según señaló recién el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, por lo que no se descarta que la propuesta de ley llegue al Tribunal Constitucional si avanza en el Senado.

La iniciativa busca regular dos situaciones: cuando un médico administra al paciente un medicamento que le ocasionará la muerte, conocida como eutanasia, y el suicidio asistido, cuando un doctor le entrega el medicamento al enfermo para que lo ingiera por sí mismo.

Uno de los párrafos el proyecto alude “al derecho a no padecer dolores y sufrimientos intolerables, a evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir”, dijo el diputado izquierdista Vlado Milosevic.

Cecilia Heyder, de 53 años, que anhela ser la primera en usar la eutanasia si es finalmente aprobada, declaró la semana pasada a The Associated Press que “es mi sueño quedarme dormida y no despertar más. Eso es lo que estoy esperando… porque no es vida la que estoy llevando”.

La mujer padece de cáncer mamario con metástasis, lupus y hace un par de años desarrolló un déficit en el Factor VII, una de las proteínas que participan en la coagulación de la sangre.

“Eso me causa múltiples hemorragias, moretones… en diciembre ya me desahuciaron, (los médicos dijeron) que no tengo remedio”, añadió.

Pablo Villar, abogado de Heyder, había criticado el lento avance del proyecto. “Doña Cecilia ya no puede esperar más”, afirmó.

El diputado oficialista Leónidas Romero dijo que el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, impulsores del proyecto, “están sufriendo el síndrome de James Bond: licencia para matar”.

El oficialista Francisco Undurraga aseguró que el proyecto consagra “la plena voluntad de los profesionales (médicos) de abstenerse de realizar estas prestaciones, lo mismo pasa con las instituciones (como las clínicas privadas)”.

El proyecto establece que un doctor o doctora puede negarse a participar en la eutanasia o en el suicidio asistido.

El diputado opositor Leonardo Soto aseguró, por su parte, que la decisión de los enfermos terminales de usar la ley, en el caso de cristalizarse, “siempre va a depender de la misma persona, del mismo paciente”.

Uno de los artículos señala que un tercero no puede pedir la eutanasia o el suicidio asistido.

Sólo podría acudir a la ley, si prospera, una persona diagnosticada por dos médicos con una enfermedad grave e irremediable, que esté consciente al solicitar su aplicación o que lo haya dejado previamente establecido y que sufra padecimientos físicos intolerables.

La legislación vigente en materia de derechos y deberes de los pacientes permite a los enfermos terminales rechazar un tratamiento médico que busque extender artificialmente su vida.

La Cámara de Diputados rechazó en diciembre pasado un artículo que permitía la eutanasia o el suicidio asistido para los mayores de 14 años y menores de 18. No obtuvo los votos que requería.

Chile —conocido como un país de tendencia conservadora— ha aprobado en los últimos 17 años varias leyes impulsadas por la oposición izquierdista, como la ley de divorcio, la unión civil entre parejas del mismo sexo y el aborto en tres causales. En tanto, la falta de votos del oficialismo conservador tiene en espera proyectos sobre el matrimonio civil entre homosexuales y otro que les permitiría la adopción.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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