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México

Diputados de legislatura saliente se repartieron 3 mil 500 mdp que no requirieron comprobación

Los diputados de la saliente legislatura se repartieron 3 mil 500 millones de pesos que no requirieron ninguna comprobación. Se trata del Fondo de Subvenciones, conocido como «caja negra”, que distribuyeron de manera discrecional los líderes de las fracciones parlamentarias.

De acuerdo con información del noticiero En Punto, de Televisa, en la Junta de Coordinación Política se negociaron los 3 mil 500 millones de pesos de la «caja negra» para cada fracción parlamentaria. El monto va de 150 mil a 300 mil pesos mensuales para cada legislador, independiente de su dieta y apoyos económicos para labores legislativas.

“Se distribuye el dinero, se hace a discreción, para comprobar simple y sencillamente se requiere la firma del coordinador donde dice, sí recibí determinada cantidad, pero nunca se dice en qué se gastó, cuánto fue asignado a cada diputado, qué personal se contrató, qué estudios se hicieron, qué servicios fueron adquiridos por parte del grupo parlamentario”, explicó Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo de Morena.

Durante los tres años, la fracción mayoritaria del PRI recibió mil 236 millones de pesos; seguida del PAN con 652 millones; el PRD 545 millones, el Partido Verde 272 millones de pesos; Morena obtuvo 254 millones de pesos; Movimiento Ciudadano: 144 millones; Partido Encuentro Social 105 millones y Nueva Alianza 102 millones de pesos.

Para repartirse los 3 mil 500 millones de pesos, los legisladores usaron el concepto de subvenciones, que en realidad son bonos por leyes aprobadas. Las subvenciones ordinarias fijas son de 1 millón de pesos mensuales para cada partido sin importar cuántos diputados tengan; y la subvención ordinaria variable, que se entrega de acuerdo al número de diputados que tenga cada fracción.

Cada coordinador decide si entrega este dinero a todos sus diputados. En el PAN denunciaron que Marko Cortés se quedó con los recursos de por lo menos 50 legisladores.

“Nosotros no recibimos absolutamente nada de esos recursos, esos recursos que se manejan en la junta de coordinación política, se manejan de manera muy discrecional y de manera muy secreta […] Si el PAN habla siempre de transparencia, de rendir cuentas creo que nosotros debemos de empezar por nuestra propia casa. En mi caso yo lo haré, hablaré con el propio coordinador y le preguntaré y le pediremos que haga una explicación, del destino final de todos estos recursos”, señaló en entrevista el diputado federal del PAN, Ulises Ramírez.

La bancada del PRD fue la más beneficiada. Mientras a todos los líderes les daban 1 millón de pesos mensuales, el PRD recibió más de 2 millones.

En septiembre de 2015 el partido recibió 41 millones de pesos para apoyar a sus diputados, pero entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, el apoyo se incrementó a más de 111 millones de pesos, más otro recurso extraordinario de 9 millones y 10 millones adicionales para contratar personal.

Un diputado federal gana al mes 74 mil 672 pesos netos, más 2 mil pesos en vales de despensa. Además, 45 mil 786 pesos para apoyo legislativo y 28 mil 772 pesos para atención ciudadana.

Estos dos últimos conceptos son los únicos en los que deben comprobar sus gastos.

A su dieta se suman las subvenciones que van entre los 150 y 300 mil pesos mensuales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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