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Diputados del PAN renuncian voluntariamente al fuero en Nuevo León

La fracción completa del PAN en el Congreso local renunció voluntariamente al fuero constitucional como una manera de expresar su determinación de eliminar la protección que, dijeron, proporciona privilegios a la clase política.

En la Oficialía de Partes del Congreso, cada uno de los legisladores panistas entregó por escrito su rechazo, junto con una iniciativa para modificar la Constitución estatal en el mismo sentido y con alcance para todos los servidores públicos que actualmente se benefician de la prerrogativa legal.
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El mismo escrito, en el que rechazan continuar con el goce del fuero, será entregado al Poder Judicial para posibles actos en los que pudieran estar involucrados en el futuro.

De los 17 integrantes de la bancada, fueron 14 los que acudieron. Los otros tres lo harán el lunes, por estar ausentes por vacaciones.

En la parte fundamental de su propuesta, los legisladores del PAN pidieron que sea enmendado el artículo 112 de la Constitución local para que quede de la siguiente manera:

“Se podrá proceder penalmente contra el gobernador del estado, los diputados al Congreso del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros electorales de la Comisión Estatal Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del estado”.

“Los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el auditor general del estado, los consejeros de la Judicatura, el procurador general de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los secretarios del despacho del Ejecutivo, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, y podrán ser sujetos de proceso penal”.

En días pasados, el gobierno estatal presentó una iniciativa en el mismo sentido.

Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN, consideró que con esa propuesta, la administración de Jaime Rodríguez Calderón busca obtener indebidamente elogios, pues aunque fuera aprobada, el retiro del fuero no les afectaría a ellos, como actuales servidores públicos, pues la modificación a la ley no es retroactiva.

“Esta iniciativa, la que presentó el gobernador y que han presentado los demás, no le aplicaría a los actuales funcionarios. La congruencia es hacerlo así, como lo estamos haciendo nosotros. Como no nos aplicaría, aunque se apruebe, renunciamos desde este momento a nuestro fuero y estamos igual que cualquier ciudadano de este estado de Nuevo León”, dijo.

Por ello, invitó a El Bronco, a los demás diputados, funcionarios estatales y municipales, así como magistrados, alcaldes, regidores y síndicos, a renunciar al beneficio de manera voluntaria, en un acto de congruencia con su intención de ser sujetos a proceso como cualquier nuevoleonés.

“Invitamos a todos los funcionarios que tienen fuero a que se sumen, a que presenten su renuncia formal al fuero. Así lo pedimos también a los demás diputados que se sumen a la congruencia de demostrar que hay hechos concretos y no nada más las palabras”, sentenció.

APRO

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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