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México

Diputados desecharán 100 juicios políticos que ya prescribieron

En la Cámara de Diputados, la Subcomisión de Examen Previo, que cayó en desacato y fue multada por un juez por no convocar a sesionar durante meses, determinó que en su sesión de este miércoles 1 de marzo, analizará 100 de las aproximadamente 360 solicitudes de juicio político acumuladas en más de una década.

Al respecto la co-presidenta de ese organismo y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén, afirmó que antes de tomar decisiones, los congresistas deben “ordenar” los documentos existentes, empezando por los que ya no tienen materia, debido a que el acusado terminó su encargo e incluso falleció.

De modo que los congresistas se darán a la tarea de dar por desechadas al menos 100 de las solicitudes de juicio interpuestas contra políticos, gobernantes y funcionarios que hace años dejaron el puesto y algunos otros, y perdieron la vida.

“Estamos hablando por una parte de un primer grupo en donde no solamente están prescritos sino específicamente en un caso particular que ya hayan estado en un año, o sea que haya pasado un año, que ya no estén en su puesto, que haya pasado un año y que ya no estén en ese procedimiento. Yo insisto, esta Subcomisión de Examen Previo tiene más de doce años sin sesionar”, reconoció.

Cuestionada respecto a si los diputados ya pagaron la multa que un juez les impuso por no cumplir con su obligación de procesar las solicitudes de juicio político presentadas desde hace más de 12 años, la diputada integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que ya se atendió ese requerimiento.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Macedonio Tamez, señaló que será necesario aclarar los criterios para determinar si algunos de los juicios políticos pendientes han prescrito o no, es decir, que ya no tienen vigencia.

Explicó que a lo largo de más de una década, los congresistas dejaron pasar el tiempo y no entraron al fondo del análisis de ninguno de los casos en su haber, lo que genera dudas sobre el momento en que prescribieron o no los asuntos pendientes y como ejemplo, se refirió a la solicitud contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

“Hay asuntos muy viejos donde incluso hablando de doce, catorce años, hay algunos diputados que ya han fallecido, funcionarios que ya han fallecido, pero sí hay un caso relevante, el de Rodrigo Medina , el ex gobernador de Nuevo León, hace ya más de un año que dejo su cargo por lo tanto ya prescribió su juicio político”, apuntó.

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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