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Diputados exhiben muñeco de Anaya vestido de prisionero

Los priistas hicieron de las suyas en la Cámara de Diputados. Esta vez fue su turno y no sólo sacaron mantas en el Pleno contra Ricardo Anaya, sino que exhibieron un muñeco del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” vestido de prisionero, mientras le gritaban “¡Candiratón!”.

Los priistas y sus aliados tenían en manos puñados de billetes de juguete de colores azul y blanco. Por la parte de enfrente tenían la cara de Ricardo Anaya con la firma “Kanalla” y con un valor de “10 mil atlantas”. La parte de atrás del billete tenía la residencia de Ricardo Anaya con el lema: «Anaya´s Residence».

Con eso exigieron a Anaya que aclare si está vinculado al lavado de dinero.

Casi cerraba la sesión de este jueves, cuando el diputado del PRI, Arturo Huicochea, tomó la palabra y exigió que el candidato del Frente aclare la situación jurídica por la que atraviesa porque pone en entredicho el proceso electoral en su conjunto.

Lo que los mexicanos requieren es un proceso limpio, seguro, certero y ha sido sometido por la justicia mexicana a un cuestionamiento que evidentemente requiere esclarecimiento, claridad, luz, precisión, de suerte que los mexicanos contemos con la certidumbre que requerimos para un proceso como el que México vive. No es digno del proceso que estamos viviendo y, mucho menos de la sociedad mexicana, una candidatura tan cuestionada”, exclamó mientras llegaban las mantas y el muñeco cuyo cuerpo estaba hecho de palos.

Agustín Basave, expresidente nacional del PRD, exigió al gobierno federal sacar las manos de la elección, mientras que el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, pidió que la PGR deje de ser la vocería del CEN del PRI y que se dedique a investigar los delitos como el espionaje a adversarios políticos, pues “no ha resuelto maldita la cosa sobre ello”.

La polémica obligó a los coordinadores parlamentarios a una reunión de la Junta de Coordinación Política, luego de que el Frente exigió que el martes próximo, la sesión abra con posicionamientos de agenda política enfocados a la corrupción.

El martes pasado, fueron los diputados del Frente los que exhibieron mantas en contra del candidato presidencial José Antonio Meade.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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