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México

Diputados faltistas frenan recorte a partidos

La ausencia de legisladores de diferentes bancadas, incluidos del PRI, PAN y PVEM, así como la falta de acuerdos, impidieron que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen para reducir el financiamiento de los partidos políticos, que busca un ahorro de 2 mil millones de pesos.
Pese a que ayer era el último día de sesiones del periodo ordinario, los partidos buscaban aprobar un dictamen con el contenido de distintas iniciativas, entre ellas, la del legislador independiente Pedro Kumamoto, conocida como #SinVotoNoHayDinero; sin embargo, no se logró un consenso.

Primero, al no tener claros y definidos los alcances del dictamen, los diputados integrantes de este órgano legislativo decretaron un receso de dos horas para acordar una redacción antes de que concluya el periodo ordinario, pero al reanudar, sólo acudieron 10 de 30 diputados que integran esta comisión, es decir, no asistieron los otros 20 de distintas fracciones.

Al revisar se confirmó que se presentaron: Guadalupe Acosta (PRD), Braulio Guerra (PRI), Agustín Basave (PRD), Virgilio Caballero (Morena), Daniela de los Santos (PVEM), Ángel Alanís (PRD), Édgar Castillo (PRI), Martha Tamayo (PRI) Édgar Romo (PRI), Justo Federico Escobedo (PES).

El dictamen, que reforma el artículo 41 de la Constitución, describe que el financiamiento público para los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, que es de 75 pesos con 49 centavos, por 65%, y lo que resulte será multiplicado por los votos totales emitidos en la pasada elección y esa será la cantidad total de recursos que recibirán los partidos.

Se explica que los sufragios nulos o en blanco que emita la ciudadanía en el proceso electoral también contarán, debido a que éstos se restarán a la cantidad total de sufragios emitidos por los ciudadanos y esa será la cantidad final de votos contabilizados.

Con este documento se pretende economizar 52.80% del financiamiento de los partidos y generaría un ahorro de 2 mil millones de pesos al erario.

Actualmente, la bolsa que se reparten los partidos se calcula multiplicando el padrón electoral (personas que alguna vez solicitaron su credencial de elector) por 60% de una UMA ($47.476 pesos). Con este procedimiento, en 2015 la bolsa total de los partidos ascendió a 4 mil millones de pesos.

El vicecoordinador del PRI, Édgar Romo, dijo que al tricolor no le gusta la iniciativa de Kumamoto y presentó su modificación que reduciría de 6 mil 231 millones de pesos a dos mil 350 millones de pesos, decir, más del 50%.

Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que no se podía votar el dictamen por falta de diputados suficientes.

Fuente: El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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