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México

Diputados piden a CONAPRED sanciones contra Kate del Castillo

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En la Cámara de Diputados, un grupo de congresistas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, enviaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), un oficio formal en el que expresan su preocupación por el contenido de la serie difundida en la plataforma de contenidos en internet Netflix, titulada “Cuando conocí al Chapo”, protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo.

En el oficio recibido en el CONAPRED este martes 5 de diciembre, se señala que la interprete “de manera ligera sin dar fundamentos ni nombres acusa a artistas mexicanas de prostituirse”.
Al considerar que esos dichos agravian a las mujeres mexicanas, los congresistas pidieron iniciar una investigación y si es procedente, sancionar a la señalada, por emitir declaraciones discriminatorias.

Sin mencionar por su nombre a la empresa Televisa, a la cual hace referencia Del Castillo al señalar que existen listados con los nombres de actrices que eran “ofrecidas” para prostituirse durante reuniones y comidas, los legisladores dieron cuenta de que la actriz desmintió esos dichos.

Sin embargo, consideraron que se consumó el agravio y molestias contra personas a las que se expuso a “calificativos inmerecidos”.

Tras señalar que las mujeres en México forman parte fundamental entre la población que trabaja, indicaron que las actrices y quienes se desempeñan en la industria del entretenimiento también son víctimas de actos discriminatorios, prejuicios, estigmatización y de la promoción de estereotipos negativos que dañan su desarrollo profesional y su vida privada.

Al demandar que se inicie una investigación conforme a lo que marca la Ley Federa para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y si es procedente se sancione a la actriz y también productora Kate del Castillo, los parlamentarios demandaron una disculpa pública.

“Consideramos necesaria la solicitud de un disculpa pública a las mujeres que trabajan en la actuación y en los medios de comunicación, pues estas declaraciones, además de difamarlas y estigmatizar, dañan su reputación, su derecho a la buena fama y su dignidad humana”.

La carta está firmada por la diputada del Partido Verde (PVEM), Lía Limón, que también es presidenta de la Comisión de Radio y Televisión; así como por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armando Luna Canales.

El oficio también incluye las firmas de las diputadas priístas Erika Araceli Rodríguez Hernández; Sara Latife Ruiz; María Gloria Hernández Madrid; Rosa Guadalupe Chávez Acosta; Montserrat Alicia Arcos Velázquez; Ana María Boone Godoy; Flor Estela Rentería Medina; así como los diputados del tricolor Pablo Elizondo García, Álvaro Ibarra Hinojosa y Fernando Moctezuma Pereda.

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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