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México

Diputados podrían sepultar los fideicomisos para ciencia y tecnología

El próximo 29 de septiembre los miembros la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados han sido citados para celebrar su decimoprimera reunión ordinaria, el punto 7 de la orden del día pretende aprobar el dictamen que, entre otras cosas, deroga los artículos 23 al 28 de la actual Ley de Ciencia y Tecnología, con ello se eliminarían todos los fideicomisos del Conacyt que incluyen el manejo de los fondos institucionales, sectoriales, de cooperación internacional y los mixtos. Además, afectaría al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al de atención a víctimas y a fideicomisos relacionados con el cine, el deporte, la bioseguridad y la protección del medio ambiente.

Esto ha sorprendido a la comunidad científica, pues con anterioridad se llevaron a cabo tres sesiones de Parlamento Abierto los días 4, 18 y 26 de junio de 2020, en ellas los directores de Centros Públicos de Investigación (CPI), del Cinvestav y de otras entidades públicas, dieron abundantes razones y coincidieron en que, de concretarse la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, los resultados serían desastrosos.

Incluso en un comunicado el pasado 15 de abril, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, señalaron que se pronunciaban por garantizar los recursos para ciencia y tecnología y que entendían que el quehacer científico tiene una planeación y un ejercicio de gasto con especialización y sus resultados no siempre son inmediatos. En este comunicado se mencionan también diferentes razones legales por las que los fideicomisos de ciencia y tecnología no deberían estar incluidos en el proceso de extinción decretado por el presidente de México el pasado 2 de abril.

En respuesta a este nuevo intento por eliminar los fideicomisos, representantes de diversas academias tuvieron una reunión el pasado viernes y se acordó que cada academia se expresaría de manera individual y directa ante la Comisión de Presupuesto, también de manera pública, pues aseguran, la aprobación de este dictamen sepultaría los fideicomisos.

En entrevista, el doctor David René Romero Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica e investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, explica que bajo la excusa de que los fideicomisos son poco transparentes y que presentan corrupción, se pretende eliminarlos; sin embargo asegura que todos los fideicomisos de ciencia son observados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con revisiones periódicas anuales o bianuales.

Dijo que es irresponsable que se tenga que extinguir una parte, para atender una prioridad nacional como es el Covid-19, pues con la extinción de fideicomisos en números gruesos se recuperarían alrededor de 78,000 millones de pesos no comprometidos, de ese total los fideicomisos de ciencia equivalen a poco más de 2,000 millones de pesos esto apenas es el 2.6% de lo que se recuperaría, en cambio para la ciencia sería un daño enorme.

Por ello, el llamado es para que los legisladores reconsideren el predictamen y permitan la preservación de los fideicomisos, “nos gustaría mantener un canal abierto, lo hicimos durante el Parlamento Abierto y hoy queremos ser tomados en cuenta”.

Este anuncio llega justo cuando estamos en los niveles más bajos de presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en años, en términos reales el presupuesto es comparable con el que teníamos en 2012, pero con muchas necesidades más, “hoy ni siquiera podemos pedir que se amplíen los recursos, estamos pidiendo que no se reduzcan para poder trabajar”.

En este momento además los canales de comunicación con Conacyt están rotos, “no se nos escucha para nada y eso es una cosa muy preocupante, se están tomando decisiones sin la voz de los científicos. Esto es lo que nos anima a unirnos y levantar la voz, no tiene que ver con una tendencia política, la realidad es que respetamos nuestra profesión, queremos hacer lo mejor para México y quedarnos callados sería irresponsable”.

Romero Camarena explica que además el predictamen no contempla ningún mecanismo alternativo a los fideicomisos, solamente asigna responsabilidades a diferentes entidades del Estado para que lleven a cabo esa extinción y en cierto sentido, para que tomen en cuenta las necesidades de cada área; sin embargo, con un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que no contempla incrementos para ciencia, en realidad significa una reducción de recursos.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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