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Disminuir el IVA al 8 por ciento en la frontera no resuelve la situación comercial

Una de las propuestas en materia fiscal que ha expresado el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y que ha llamado mucho la atención, es la de disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8 por ciento en toda la franja fronteriza.

La propuesta es totalmente viable, pues años atrás el IVA en la frontera ha sido menor al del resto del país, sin embargo se antoja difícil que esta medida marque una gran diferencia en el desarrollo económico y la competitividad comercial de las ciudades fronterizas mexicanas en comparación con las ciudades fronterizas de Estados Unidos.

Así lo expresaron los abogados Raciel Flores Talavera y Pedro Holguín, ambo de la firma Deloitte, quienes encabezaron la conferencia Expectativas en el Ámbito Tributario Ante el Nuevo Gobierno y Tendencias de Solución de Controversias Fiscales, Prevención, Mediación y Litigio, impartidas dentro del Seminario de Impuestos que ofrece el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Pedro Holguín, explicó que dentro de la propuesta también se contempla bajar la tasa del Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento y propuestas que promueven instituciones como la PRODECON, que van encaminadas a fortalecer las acciones en contra de las actividades que realizan las denominadas “empresas fantasma” y que afectan de manera significativa al fisco.
Ante esto, agregó que se han realizado análisis de cómo se impactó cuando la tasa en el año 2014 aumento del 11 al 16 por ciento y parece ser que los resultados esperados no se presentaron y por tal motivo hoy se busca no sólo retornarla al 11 por ciento, sino bajarla hasta el ocho por ciento.

Por su parte el abogado Raciel Flores Talavera, mencionó que la propuesta del nuevo gobierno refiere un ocho por ciento de la disminución del IVA en la frontera, ya que se está considerando el promedio de tasas que se están manejando en los estados fronterizos del vecino país del lado sur, es decir, con México.

En este sentido explicó que estados norteamericanos como Texas, California, Arizona, Nuevo México, cuentan con diferentes tasas que en promedio dan un aproximado al ocho por ciento, por tal motivo es la tasa que se busca implementar en nuestras fronteras.

Finalmente señaló que si bien esta medida tiene sus beneficios y se puede calificar como adecuada, sin embargo dijo que el tema del comercio no se define sólo por las tasas establecidas por los gobiernos, sino que hay factores como disponibilidad, calidad, puntos de venta y una serie de factores que inciden en los compradores, por lo que es importante que también se adopten otras medidas que aporten al comercio nacional.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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