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México

Divorcio crece 182% en menos de dos décadas

México es una sociedad diversa, plural y en constante transformación. Durante décadas, la idea del matrimonio como una relación contractual permanente, determinó en buena medida las relaciones sociales y las propias dinámicas al interior de los hogares.

Sin embargo, la prevalencia de violencia contras las mujeres, el cambio en las dinámicas laborales, el incremento en el nivel educativo de la sociedad, así como las complejas dinámicas urbanas, han llevado a una acelerada transformación en las concepciones y visiones en torno a lo que es el vínculo matrimonial, su función y su duración.
Estas nuevas dinámicas se expresan en indicadores cualitativos, pero también cuantitativos, que permiten dimensionar la magnitud de la transformación que se está viviendo en el país.

Los números hablan

De acuerdo con las estadísticas sobre nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país se han realizado, entre los año 2010 y 2017, un total de 910 mil 361 divorcios, cifra que contrasta con los 688 mil 680 casos registrados entre el año 2000 y el año 2010; esto es, en ocho años se tiene una cifra 32% superior a la registrada en toda la década previa.

La tendencia que muestran los datos del Inegi es creciente; en efecto, en el año 2000 la cifra de divorcios fue de 52 mil 358 casos; para el año 2004 fue de 67 mil 575, es decir, 29% más que cinco años atrás. Para el año 2009 se llegó a un nuevo máximo histórico en el número de casos, con 84 mil 302, cifra 61% superior a la registrada 10 años antes.

Para el año 2014, se llegó a la suma de 113 mil 487 casos, es decir, 116.7% más que en el año 2000; mientras que en el año 2017 la cifra se ubicó en 147 mil 604 casos, es decir, 181.95% más que al principio del nuevo milenio.

Un indicador a destacar es el relativo a la relación que hay entre divorcios y matrimonios; esto permite dimensionar hasta qué punto el incremento en las cifras absolutas sobre los divorcios responde al número de matrimonios, y cómo ha cambiado aceleradamente la proporción en el tiempo.

De esta forma, lo que se observa es que en 1990 había 7.2 divorcios por cada 100 matrimonios. Para el año de 1995, la proporción disminuyó a 5.7 divorcios por cada 100 matrimonios. Para el año 2000 la relación fue de 8.6 por cada 100; para el año 2005 se registró un nuevo incremento, llegando a 11.8 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 2010 la cifra llegó a 15.1 divorcios por cada 100 matrimonios; en el 2015 se llegó a una nueva cifra histórica, alcanzando 22.2 divorcios por cada 100 matrimonios, mientras que en el 2017, último año para el que se tiene registro en el Inegi, la proporción fue de 31.5 divorcios por cada 100 matrimonios.

De acuerdo con el Inegi, entre los años 2010 y 2017 se han contabilizado 805 mil 702 casos de divorcio. Entre ellos, los más numerosos fueron: a) por mutuo consentimiento, 377 mil 83 registros; b) Voluntario unilateral, 285 mil 484 casos; c) Separación por más de dos años, por cualquier causa, 79 mil 736 casos; d) Separación del hogar conyugal por más de un año por causa justificada, 18 mil 59 casos; e) Abandono de hogar por más de tres meses sin causa justificada, 17 mil 527 casos; f) Sevicia, amenazas, injurias o violencia intrafamiliar, cinco mil 20 casos; g) Incompatibilidad de caracteres, tres mil 288 casos.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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