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Documento federal revelaría el verdadero costo de mantener del avión presidencial en EEUU

Luego de haber permanecido en Estados Unidos por 19 meses, el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” aterrizó nuevamente en México alrededor de las 14:36 horas del pasado 22 de julio. Sin embargo, junto con su regreso fueron dadas a conocer nuevas estimaciones sobre lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría gastado por mantener el avión en territorio estadunidense.

La aeronave se mantenía en un hangar de Boeing en Victorville, California y fue comprado por el ex presidente de México, Felipe Calderón, aunque fue Enrique Peña Nieto quien lo utilizó para realizar sus giras de trabajo como ejecutivo Nacional. Sin embargo, al llegar López Obrador a la presidencia, tachó la aeronave como una ofensa para el país y ordenó que este fuera vendido, mientras él realiza sus giras en vuelos comunes.

De acuerdo con el periódico Reforma para cumplir con esa orden del presidente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvieron que modificar el contrato de arrendamiento.

En el contrato inicial habría quedado establecido que el uso sería para traslado del Presidente y el Estado Mayor Presidencial. En caso de incumplir con eso, la Sedena estaría obligada a pagarlo.

Con el objetivo de evitar estas complicaciones ambas dependencias habrían firmado un adendum en marzo del 2019, en el que el gobierno se comprometía a pagar dicho adeudo una vez que la aeronave se vendiera.

“(Se acepta la modificación) en el entendido de que con el producto de la venta de la aeronave se deberá liquidar el saldo insoluto de arrendamiento financiero a Banobras y, en su caso, el remanente de la operación habrá de concentrarse en la Tesorería de la Federación”, informó el medio mexicano que se lee en el convenio.

Por otro lado, el acuerdo también daría a conocer que en un solo año de almacenamiento se habrían cobrado a México 30 millones de pesos, lo que significa que en promedio se habrían pagado 2.5 millones mensuales. En 19 meses, el costo habría llegados hasta los 47 millones de pesos en mantenimiento y conservación.

Anteriormente, el Banco de México había realizado una estimación sobre el mantenimiento del avión en Estados Unidos, la cual arrojó que era de 1.2 millones de dólares, lo que representaría 24.9 millones de pesos mexicanos. Para ella, se tomó en cuenta el tipo de cambio promedio de 2019 (18.8642 pesos por dólar) y la del 2020 (21.6356 pesos por dólar).

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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