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Dodgers se enfrentan al ICE: rechazan uso del estadio como base para redadas migratorias

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En un acto sin precedentes, los Dodgers de Los Ángeles negaron este jueves el acceso a vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a los estacionamientos del Dodger Stadium, en lo que representa una clara postura frente a las redadas migratorias que han estremecido a la comunidad latina en California.

La organización deportiva, considerada uno de los símbolos más influyentes de la ciudad, emitió un mensaje contundente a través de su cuenta oficial en X: “Esta mañana, ICE agentes llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada. El juego de esta noche se jugará según lo programado.”

Fuentes locales señalan que los vehículos del ICE —algunos adaptados para operaciones logísticas y detenciones— habían intentado establecer una posible área de concentración temporal cerca de la Puerta E, en Elysian Park, como ha sucedido en otras zonas como Hollywood o Pasadena. Sin embargo, la administración del equipo, respaldada por el carácter mayoritariamente privado del inmueble, ejerció su derecho de admisión para frenar el intento.

Parte del terreno del estadio sigue en manos del expropietario Frank McCourt, pero la decisión final fue consensuada dentro de la directiva del club, que ha enfrentado presión en días recientes para asumir un rol más activo frente a las detenciones migratorias.

Ese mismo día, se esperaba que los Dodgers presentaran un plan de apoyo a organizaciones que brindan asistencia a inmigrantes afectados por redadas. Lo ocurrido marca, según activistas y medios locales, “la primera respuesta contundente” del club en defensa de su afición migrante, históricamente base fundamental de su identidad y legado.

Alrededor de dos decenas de manifestantes se congregaron de manera pacífica frente al estadio para exigir el retiro del ICE y mostrar solidaridad con las comunidades afectadas. La Policía de Los Ángeles (LAPD), a solicitud del equipo, mantuvo a los manifestantes fuera del acceso principal.

La concejala Eunisses Hernández, en declaraciones posteriores, criticó la presencia de ICE en zonas cercanas al estadio y celebró la decisión de los Dodgers al señalar: “Propiedad privada es diferente. Pueden decir: ‘no en mi propiedad’.”

También hubo pronunciamientos dentro del vestidor. El pelotero puertorriqueño Kiké Hernández expresó públicamente su respaldo a la comunidad migrante, sumándose al mensaje de inclusión que la organización ha querido reforzar.

Pese a la tensión, el encuentro entre Dodgers y Padres se celebró sin contratiempos, con gradas llenas y sin alteraciones en el campo. Pero el gesto del club no pasó desapercibido: en una ciudad donde la inmigración es parte esencial del tejido social, los Dodgers han decidido no quedarse al margen.

Lo sucedido podría marcar un precedente sobre el papel que equipos deportivos pueden asumir ante políticas migratorias controvertidas. En un momento donde el deporte y la política se entrelazan más que nunca, los Dodgers no solo jugaron un partido este jueves: también fijaron una postura.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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