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México

«Don Neto» el otro narcotraficante que saldrá libre

José Luis Guízar, abogado de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, anunció que presentaron una apelación sobre la misma base de procedimientos usada por Rafael Caro Quintero para salir de la cárcel, por lo que su cliente debe obtener un amparo y quedar libre en 15 días.

El viernes Caro Quintero abandonó el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que un tribunal federal anuló la sentencia de 40 años contra el capo al argumentar que fue juzgado incorrectamente.

Explicó que por los asesinatos de Enrique Camarena, agente de la DEA, y Alfredo Zavala, piloto mexicano, el narcotraficante debió ser juzgado por autoridades del fuero común y no del federal.

Además, sostuvo que Caro Quintero ya había purgado dos terceras partes de su sentencia, pues estuvo 28 años encarcelado.

Con base en lo anterior, Guízar anunció que presentaron el recurso legal en favor de Don Neto. “La apelación está a punto de resolver el amparo de fondo. Creemos que los magistrados se van a apegar a derecho. (Fonseca Carrillo) debe estar en su casa. En el fondo el asunto es igual al de Rafael”, señaló en entrevista.

De hecho, un día antes en entrevista con MILENIO el abogado afirmó que familiares de Don Neto le habían asegurado que éste también había abandonado ya la cárcel.
Sin embargo, autoridades aclararon que el capo continuaba encarcelado.

images (1)Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) analiza la posibilidad de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la actuación del tribunal que amparó y ordenó la excarcelación de Caro Quintero, revelaron autoridades de la dependencia.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación manifestaron, por su parte, que no existe recurso alguno que pueda interponer de forma directa la PGR para revocar el fallo.

Los funcionarios judiciales consultados por MILENIO afirmaron que por el momento están a la espera de conocer los probables “recursos” que interpondrá el procurador Jesús Murillo Karam por la liberación del capo.

No descartaron que una de las posibilidades sea intentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en el caso, aunque esto solo puede suceder si familiares de las víctimas de Caro Quintero, entre ellas Enrique Camarena o Alfredo Zavala, solicitan el recurso de revisión.

Autoridades de la PGR indicaron que una de las medidas que se estudia es presentar una queja ante el CJF contra el tribunal que ordenó la libertad inmediata de Caro Quintero para que este órgano determine si hubo irregularidades en la actuación de los magistrados, aunque no existe un plazo perentorio para que se interponga el recurso.

Indicaron que como ha ocurrido en otros casos, los familiares de las víctimas de Caro Quintero pueden solicitar ante la SCJN la revisión del fallo, como partes afectadas ante la decisión de dejar en libertad al presunto responsable, y en esta hipótesis la PGR puede asistir a los quejosos.

También está pendiente la posible petición formal de detención con fines de extradición del ex líder del cártel de Guadalajara por parte de Estados Unidos, luego de que la DEA anunció que no desistirá en su empeño de que sea procesado en los tribunales de ese país por el crimen del agente Camarena.

Fuente: MILENIO

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México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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