Donald Trump se prepara para testificar durante su juicio en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en Nueva York el 6 de noviembre de 2023. Foto EE: AFP
Donald Trump se defendió el lunes lanzando improperios contra el juez y la fiscal del juicio civil en Nueva York que amenaza su imperio inmobiliario, el primero de varios frentes legales para el multimillonario que sueña con volver a la Casa Blanca.
El expresidente estadounidense, de 77 años, se sometió a un interrogatorio de más de cuatro horas tras jurar decir toda la verdad, en una sala de audiencia abarrotada del Palacio de Justicia de Manhattan.
Acusado de haber inflado colosalmente el valor de sus activos inmobiliarios (como la Trump Tower de Nueva York) para seducir a los bancos, el tempestuoso multimillonario negó cualquier fraude y arremetió contra la fiscal general de Nueva York, el equivalente de ministra de Justicia, Letitia James, la demócrata que ha sentado a la empresa familiar Trump Organization en el banquillo, y el juez instructor Arthur Engoron.
«Es una caza de brujas política», bramó el magnate republicano, que se siente víctima de una supuesta maquinación judicial, digna de un «país del tercer mundo y de repúblicas bananeras».
El interrogatorio de Trump
A lo largo del interrogatorio, el juez Engoron, sentado al lado de Trump, trató de que el magnate fuera breve y respondiera a las preguntas.
«No estamos en una manifestación política», advirtió el juez, que ya ha impuesto sendas multas a Donald Trump, de 5,000 y 10,000 dólares, por atacar a la secretaria judicial.
La fiscalía neoyorquina acusó por lo civil a Trump y a dos de sus hijos, Ronald Jr y Eric, de haber sobrevalorado los activos de la Trump Organization, -un conglomerado de empresas que gestionan rascacielos, hoteles, residencias de lujo y campos de golf en todo el mundo, – para obtener mejores préstamos bancarios y condiciones de seguro más favorables.
En la solemne sala del tribunal de Manhattan, Donald Trump, con traje azul marino y camisa y corbata a juego, se mostró virulento, pero también discutió, cruzado de brazos.
Voluble, discutió el valor de las joyas de su imperio, como su opulenta residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que los activos estaban, por el contrario, «infravalorados» y que los bancos habían hecho un buen negocio al prestarle «mucho dinero».
«No hay víctimas, los bancos ganaron mucho dinero», afirmó.
Defensa enfocada en la «marca Trump»
Empresario de éxito antes de entrar en política y dar un vuelco a las instituciones estadounidenses, ensalzó el valor de la «marca Trump».
«Me convertí en presidente (de Estados Unidos) gracias a mi marca», dijo.
Es la primera vez en más de 100 años que un ex presidente es llamado a declarar en su propia defensa en un juicio, desde Theodore Roosevelt en la década de 1910.
A diferencia de los otros cuatro casos penales en los que ha sido acusado, Donald Trump no se enfrenta a una pena de cárcel en este juicio civil, pero su empresa puede estar en peligro.
Antes del inicio del juicio a principios de octubre, el juez consideró que la fiscalía general del Estado de Nueva York presentó «pruebas concluyentes de que, entre 2014 y 2021, los acusados sobreestimaron el valor de los activos» del grupo en «812 millones de dólares (a) 2,200 millones de dólares», según el año, en los estados financieros anuales de la empresa.
Como consecuencia de los «repetidos fraudes», ordenó la liquidación de las sociedades que gestionaban esos activos, como la Trump Tower de la Quinta Avenida de Nueva York y el rascacielos neogótico del número 40 de Wall Street.
Si se aplicara la decisión judicial, actualmente suspendida porque ha sido apelada, el multimillonario republicano perdería el control de parte de su imperio inmobiliario, tras haber entrado en política a lomos de su imagen de empresario de éxito.
Los hijos del multimillonario republicano, Donald Jr y Eric, ya habían declarado ante el juez la semana pasada en calidad de vicepresidentes de la empresa familiar. Su hija Ivanka ha sido citada a declarar el próximo miércoles.
Como el fraude ya ha quedado establecido, el juicio se centrará en la cuantía de la multa. La fiscalía pide 250 millones de dólares y la prohibición de que el multimillonario republicano y sus hijos dirijan empresas.
Futuros frentes legales de Trump
Este juicio es el primero de una serie de frentes judiciales que aguardan a Donald Trump y que jalonarán su campaña electoral en caso de que sea elegido por el Partido Republicano como candidato a la presidencia en los comicios de noviembre de 2024.
En marzo próximo se volverá a sentar en el banquillo en un tribunal federal de Washington para responder de sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
Sin embargo, los problemas judiciales no parecen haber hecho mella en su popularidad en las encuestas.
Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.
México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.
La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.
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