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Dos atentados en Turquía dejan al menos 8 muertos

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Al menos ocho personas murieron y otras 38 resultaron heridas en dos ataques en distintas provincias del sur de Turquía, atribuidos por los medios turcos a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Dos civiles y un policía murieron en un ataque en Kiziltepe, en la provincia de Mardin, mientras que otros cuatro civiles y un agente murieron al estallar un coche bomba al paso de un vehículo policial en Diyarbakir, informó el ministro de Comunicación, Ahmet Arslan.

El primer ataque fue el de Kiziltepe, municipio situado a unos 20 kilómetros al suroeste de Mardin y a unos 12 de la frontera siria, que fue cometido sobre las 15.00 GMT al explotar un vehículo cargado de explosivos, aparcado en el arcén de la carretera.

Allí murieron un policía y dos civiles y hubo veinte heridos, cinco de ellos agentes y el resto civiles, informó Arslan en declaraciones recogidas por la cadena NTV.

El diario Hürriyet precisa que aparte de estos heridos ingresados en los hospitales, varias decenas de ciudadanos sufrieron heridas leves y fueron atendidos de forma ambulante por las unidades médicas desplazados al lugar.

El ataque de Diyarbakir, realizado con una táctica muy similar unos cuarenta minutos más tarde, ha costado la vida a cuatro civiles y a un policía, señaló Arslan, precisando que en ambos casos se trató de un ataque con coche bomba.

El ministro agregó que cinco policías fueron heridos de forma leve en el ataque mientras que la cadena NTV destaca que hubo, además, ocho heridos civiles.

Esa emisora señala que el coche bomba, al estallar, prendió fuego a otro vehículo en el que viajaba una familia, causando la muerte de tres o cuatro de sus miembros.

En los últimos meses, la guerrilla kurda ha usado con frecuencia la táctica de lanzar coches bomba contra furgonetas de la Policía que transportan a los agentes que inician o han terminado su turno de trabajo.

 

 

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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