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Duarte

Duarte contrató a investigadores profesionales contra Corral

El exgobernador de Chihuahua César Duarte contrató en 2017, por medio de sus abogados en Estados Unidos, a una «firma privada de investigaciones» para indagar «las motivaciones» de su sucesor Javier Corral para la intensa persecución penal en su contra.

El despacho que representa a Duarte es Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, el cual también en 2017 contrató a la firma de inteligencia israelí-británica Black Cube, para espiar a funcionarios de Pemex, como parte de la defensa del dueño de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, Gonzalo Gil White.

Abogados de Duarte presentaron ayer a una jueza federal de Miami transcripciones de conversaciones que un «investigador» sostuvo en septiembre y octubre de 2017 con un «funcionario corrupto del Gabinete» de Corral.

Los documentos públicos no revelan la identidad del funcionario, ni detallan cuál fue la firma de inteligencia que recabó las conversaciones, pero el modus operandi es idéntico al que utilizó Black Cube en el caso de Oro Negro.

«Para probar su inocencia, el señor Duarte -por medio de sus abogados- contrató a una firma de investigaciones para intentar descubrir las motivaciones detrás de la persecución emprendida por Corral», informó la defensa en su moción para que el ex Gobernador evite la cárcel mientras se tramita su extradición a México.

«Esta investigación resultó en grabaciones de video y audio obtenidas legalmente, involucrando a uno de los consejeros políticos de más alto nivel de Corral y miembro de su Gabinete, admitiendo que los esfuerzos de Corral para encarcelar a Duarte tienen motivaciones políticas, que la vida de Duarte estaría en peligro inminente de ser enviado a Chihuahua, y que el Gobierno de Corral aceptó dar salvoconducto a cárteles del narcotráfico hacia Estados Unidos», agregó.

El 9 de febrero y 12 de marzo de 2018, Duarte entregó todas las grabaciones al Gobierno de Estados Unidos, mediante cartas a una persona identificada como A. Liskamm, que podría ser Amanda Liskamm, en esa época subjefa de Litigio de la Sección de Narcóticos del Departamento de Justicia en Washington.

Las grabaciones fueron hechas en Nueva York el 2 de septiembre y 13 de octubre de 2017, la misma época en la que Black Cube estaba trabajando para Gil White y Oro Negro, en un esfuerzo por revelar corrupción de funcionarios de Pemex.

Quinn Emmanuel contrató a Black Cube para el caso Oro Negro el 30 de agosto de 2017, y le pagó 300 mil libras esterlinas para desplegar durante tres meses un equipo operativo en México, Estados Unidos y Noruega.

Agentes de Black Cube grabaron a José Carlos Pacheco, e subdirector de Perforación de Pemex, afirmando que el ex director Emilio Lozoya cobraba 50 a 100 mil dólares «simplemente por reunirse», y señalando a otros ex funcionarios por supuestos sobornos.

Las grabaciones fueron aportadas en octubre de 2019 como prueba en un arbitraje comercial, en el que inversionistas de Oro Negro reclaman 700 millones de dólares al Estado mexicano.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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