El misterioso silencio que guardó el todavía gobernador César Duarte tras la paliza electoral que recibió su partido y en especial su grupo el pasado 5 de junio, no fue simple producto del pasmo, la vergüenza o el orgullo herido, sino que les sirvió a él y a los suyos para planear, desde las oscuridades de Palacio, alguna manera para minimizar los tremendos daños y, sobre todo, para buscar garantizar la impunidad de quienes han atentado contra el patrimonio de los chihuahuenses.

Ha resultado curiosa la rabiosa incapacidad de los priístas para reconocer las causas de su derrota. Entre los delirantes pretextos para justificar la paliza electoral que recibieron se encuentran el reconocimiento presidencial a los matrimonios igualitarios; los “callos pisados” por las reformas estructurales; los intereses de los cárteles que el gobernador insiste en vincular (sin pruebas) con Javier Corral; la “guerra sucia” y la “campaña de odio” contra el ballezano y su títere Enrique Serrano, la traición de los propios militantes del PRI, y ahora el supuesto fraude electoral… más las que se les ocurran en el camino.

Metiéndonos en números, los resultados de la elección quedaron con 517 mil votos para Javier Corral, 400 mil para Enrique Serrano, 242 mil para Chacho Barraza, y 90 mil para todos los minipartidos. Así, la diferencia de votos entre Corral y Serrano sería de más o menos 117 mil votos, y los priístas reclaman que hay 171 mil boletas sobrantes, por lo que exigen que se anule la elección y se aplace la entrega de poderes y todo.

Pero siguiendo con los números, resulta curioso que nadie se haya percatado de tremendo fraudazo, ni los 5,156 representantes de casilla del PRI, ni las autoridades y representantes del Instituto Electoral, ni el propio Enrique Serrano y su equipo, quienes en días posteriores a la elección reconocieron la derrota más a fuerza que con ganas.

La línea para emprender esta impugnación viene desde Palacio, desde donde han llegado las órdenes para todo lo que se hace o no en el Estado y en el Partido. La impugnación tiene varios propósitos: Ponerle piedras en el camino a la administración entrante; presionar para negociar un nuevo endeudamiento; distraer a los priístas y apoderarse de lo que queda del partido; desviar la atención de la crítica situación financiera que dejan y, la más importante, buscar de una manera u otra escapar del estado sin rendir cuentas ni reponer lo robado.

Por lo pronto las redes sociales, que han resultado el termómetro más fiel de la ciudadanía entre medios vendidos y encuestas a modo, estallaron contra el recurso presentado contra la cúpula priísta que no hay que confundir con todo el instituto político y su militancia, entre quienes desde luego hay perfiles valiosos, quizá contados, pero de que los hay los hay.

Una muestra de que la desvergüenza de los medios aliados de Palacio continúa, es la difusión de una mentira a la brava, pues afirmaron que Javier Corral y su equipo se reunieron con Jaime Herrera y personal de Palacio para acordar un nuevo endeudamiento. Eso sencillamente no es verdad.

En el equipo de Corral se ha barajado la posibilidad de tomar con la fuerza de la ciudadanía las oficinas y organismos que hagan falta. La raza anda alebrestada y una indicación bastaría, no tanto por la autoridad o figura de Corral, sino por esa sed de revancha que lejos de aplacarse tras las elecciones ha seguido creciendo. Gente que en su vida ha participado en una protesta pública está más que lista para cualquier mitote.

Pero como ya dijimos, quién sale perdiendo lo poco que pueda quedarle es el mismo PRI. La actual cúpula está desangrando las pocas simpatías que quedan hacia las siglas tricolor con tal de que un grupo se libre de rendir cuentas ante la justicia y ante los chihuahuenses. La desesperación se entiende, es su libertad lo que está en juego, y eso pesa más que el futuro de todo el partido, al menos para ellos.

Con acciones como la impugnación que, hay que aclarar que es totalmente legal, y con la intentona de mantener el control del partido, el PRI estaría renunciando a convertirse en una oposición robusta y responsable que aporte verdadera crítica y pueda reposicionarse al menos un poco para 2018, para seguir siendo tapadera de una pandilla de delincuentes que poco o nada beneficio ha traído al propio PRI, ni hablar del estado.

Para muestra están las finanzas quebradas que, por fin, a unos meses de entregar el poder a la oposición, repentinamente reconocieron. Así, se acabó por fin la cantaleta del sexenio de las finanzas sanas, y ahora Corral enfrenta una difícil e impopular disyuntiva.

El estado no tiene dinero y la única forma de obtenerlo es con más deuda, opción que el propio Corral ha descartado, aumentar los impuestos, lo cual ardería mucho a la gente y frenaría el de por sí precario crecimiento del estado, o en última instancia tratar de meterle tijera a la burocracia y a los gastos, lo cual afectaría desde luego a los emocionados con integrarse al nuevo gobierno, pero también mermaría los servicios públicos que el estado está obligado a prestar. El nuevo gobernador necesitará un talento tan grande como la desvergüenza y pillaje de quienes ya se van.

Pero este no es el único frente abierto del nuevo gobernador. Todo apunta a que la victoria si está derrotando a algunos panistas, quienes ya se reparten la vaca antes de llevarla al matadero. Se dice que la distancia entre el equipo de Javier Corral y el de Maru Campos crece poco a poco, no sólo por venir de dos grupos opuestos del panismo, sino por una mentalidad y visión radicalmente distinta para gobernar.

Otras broncas por resolver son la falta de agua que afecta a más de un centenar de colonias en Chihuahua, al parecer por la rotura de una tubería, así como las huelgas del sistema de transporte que aún mantienen paralizada a la capital del estado. También volvieron las fotomultas, ya no las fijas pero sí con máquinas móviles, pues todo indica que de aquí al cambio de gobierno habrá una política de castigo hacia los chihuahuenses por atreverse a votar por una opción distinta a la ordenada por el todavía gobernador.