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Duarte no ha perdido la batalla, sus abogados podrían dar sorpresas, advirtió García Chávez

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue arrestado el 8 de julio en Florida, Estados Unidos. Se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde el 2016 por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito.

El activista Jaime García Chávez, una de las voces mejor informadas del caso, advirtió sobre los posibles puntos débiles del caso y, en entrevista para Infobae México, explicó cómo podría operar la defensa del ex abanderado por el Partido Revolucionario institucional (PRI).

La entrevista al abogado se publicará en dos partes: la primera se centrará en el proceso legal contra Duarte Jéquez, el rigor que la Fiscalía General de la República (FGR), a juicio de Chávez, debe de tener para la impartición de justicia y la implicación del ex político priista en la llamada Operación Safiro, a través de la cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

En la siguiente entrega, se abundará sobre la injerencia que este caso puede tener en materia electoral para la sucesión de la gubernatura de Chihuahua y la investigación contra Marú Campos, alcaldesa de la capital chihuahuense.

De entre los señalamientos contra Duarte Jéquez sobresale una deuda pública heredada a la administración de Javier Corral que asciende a 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y desvíos de recursos del estado en favor electoral del PRI por 250 millones de pesos durante 2015; no obstante, García Chávez, expresó que si la defensa del señalado encuentra debilidades en los cargos de la fiscalía, podrían desecharse casi todos los cargos en su contra.

-Autoridades estadounidenses ya detuvieron a Duarte, ¿Qué es lo que sigue en el caso y cómo se debe de proceder?

-Javier Corral, como nuevo gobernador de Chihuahua, a través de la Fiscalía estatal obtuvo 21 órdenes de aprehensión, mismas que él entregó a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía hizo el trámite correspondiente a través de la SRE a la Secretaría del Departamento de Estado de EEUU y luego pues ya se le da la detención de César Duarte con fines de extraditarlo, hasta ahí vamos.

Lo que ha trascendido, al menos en los medios de comunicación, es que sólo una de las órdenes de aprehensión se le está dando importancia por parte del gobierno norteamericano y que tiene que ver con el desvío de 90 y tantos millones de pesos, supuestamente dinero público que fue a dar a la Ganadera División del Norte y Asociación Mexicana División del Norte, mismas que le pertenecían a Duarte. El punto es que si la jueza de Miami decretara la decisión eventualmente por esa orden de aprehensión, conforme al tratado de México con EEUU, tendría un efecto purificador, porque nada más por eso se le podría juzgar aquí y, entonces, él podría blanquear o lavar gran parte del patrimonio y gran parte de las finanzas que tiene en su contra.

-Entonces, ¿Todas las demás acusaciones en su contra se desechan por defecto?

-Sí, vamos a suponer que EEUU, a través de una sentencia, firme y dice “te lo envío para que lo juzgues por este delito”, en ese momento ya no se vale, conforme a ese tratado, que llegando aquí le dijeran “pero aquí hay más”, ya no se puede. Y entonces a Duarte le estaría yendo muy bien porque pues para él pagar los 93 millones de pesos no es ningún problema y entonces reportaría en su contra la posibilidad de eludir la justicia valiéndose de los lineamientos que la justicia se ha provisto para traer a este tipo de delincuentes, esa es la gravedad de lo que puede pasar a fin de este mes.

Hay que recordar que hay una denuncia por la Fepade (Fiscalía Electoral), cuando le encabezaba Santiago Nieto, que inició aquí, en Chihuahua, que decía que con motivo de que a los funcionarios públicos de nivel medio para arriba les hacían una reducción a sus sueldos para subsidiar el Partido Revolucionario Institucional. Se supone que, entre comillas, lo hacían espontáneamente, pero se ve una coacción muy evidente de que si no cooperan, su estancia como gobernantes estaba en riesgo y eso se fue allá en la Federación.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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