El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunció la demolición de una antigua casona del siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII, que estaba catalogada como monumento histórico, en el Centro Histórico de Parral, Chihuahua por orden del Gobernador César Duarte.
El INAH tiene presentada una denuncia ante la PGR por la demolición de la casa patrimonial.
La casa se ubicaba en una esquina de la Plaza Juárez, sitio donde murió asesinado el general Francisco Villa, personaje puntual de la Revolución Mexicana a petición del gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, indicó el INAH.
El inmueble “formaba parte del acervo patrimonial” de la localidad y estaba dentro del perímetro de protección de la zona de monumentos históricos de la ciudad.
Según Carlos Carrera Robles, encargado de la obra la demolición “forma parte de un proyecto de las autoridades locales para ampliar la Plaza Juárez”, espacio público considerado también como monumento histórico por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
El INAH precisó que “La casa, construida en mampostería de adobe y demolida con maquinaria pesada, tenía orígenes en el siglo XVIII y contaba con características tipológicas relevantes de la arquitectura habitacional del siglo XIX”.
La edificación “conservaba gran parte de su sistema constructivo original” y formaba parte del conjunto urbano de la Plaza Juárez, lo que le otorgaba características de autenticidad e integridad.
El Instituto señaló que la ampliación de la Plaza Juárez “altera la configuración de la traza histórica de la ciudad” y consideró que la demolición “daña y modifica los valores patrimoniales del casco histórico de esta ciudad”, lo que constituye una grave afectación del patrimonio cultural del país.
Indicó que a pesar de lo anterior continuaban las acciones para instalar una escultura monumental ecuestre, de 37 metros de altura, que representa a Francisco Villa.
El organismo indicó que “no ha dado autorización para la colocación de la escultura, debido a que sus dimensiones y escala afectan negativamente los valores de la fisonomía histórica” de la zona de monumentos de Parral.
Por lo anterior, el INAH suspendió “de manera precautoria” los trabajos de instalación de dicha escultura.
Gobierno acatará la orden: Carrera Robles
El Gobierno de Chihuahua prometió acatar la orden de suspensión del INAH en la zona donde se demolió una casona catalogada como patrimonio para colocar en su lugar una estatua monumental de Francisco Villa.
«Acataremos la orden de suspensión de las obras, pese a que en la zona hay una serie de fincas que, aunque están catalogadas por el INAH como monumentos de valor histórico, tienen un marcado abandono social», dijo Carlos Carrera Robles, coordinador de Proyectos Especiales del Gobierno estatal.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el asesinato de una lideresa del sector ganadero en Chihuahua y exigió que el crimen no quede impune. A través de sus declaraciones, el también senador señaló que se trata de un hecho grave que refleja la situación de violencia que persiste en distintas regiones del país.
Moreno expresó su solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad ganadera, destacando que este tipo de ataques no solo afectan a una persona, sino a todo un sector productivo clave para la economía local. Subrayó que los productores viven bajo presión constante debido a la inseguridad.
El líder priista hizo un llamado directo a las autoridades estatales y federales para que actúen de manera coordinada y den resultados concretos en la investigación. Insistió en que la justicia debe ser pronta y transparente, evitando que el caso se diluya con el paso del tiempo.
Además, advirtió que la violencia contra líderes sociales y productivos genera un clima de incertidumbre que inhibe la inversión y el desarrollo en regiones como Chihuahua, donde la actividad ganadera tiene un peso relevante.
El asesinato ha generado indignación en distintos sectores, que coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad en zonas rurales y proteger a quienes participan en actividades productivas. Mientras tanto, la exigencia principal se mantiene clara: esclarecer los hechos, castigar a los responsables y garantizar que situaciones como esta no se repitan.