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¿Dudas sobre las utilidades? Aquí puedes acudir

Ofrece procuraduría de la defensa del trabajo asesoría a empresas y trabajadores para el reparto de utilidades.
La reglamentación de la Ley Federal del Trabajo establece que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa en que hayan laborado debe hacerse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en la que debe presentarse la declaración anual del impuesto sobre la renta, por lo que el plazo concedido concluye este 30 de mayo para las unidades económicas que operan como persona moral.
En Chihuahua, el 58 por ciento de los asalariados laboran para empresas de este tipo; en el caso de los negocios que operan como personas físicas con actividad empresarial y que presentaron su declaración anual en el mes de abril, el plazo vence el 29 de junio, según informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso.
Indicó que las empresas que hayan registrado utilidades en su declaración por el ejercicio 2016 tienen la obligación de repartir entre sus empleados un diez por ciento de las mismas.
Para determinar la cantidad que corresponde a cada empleado debe constituirse una comisión de representantes de los trabajadores y el patrón: “el importe a repartir se divide en dos partes iguales, la primera de ellas se divide por igual de acuerdo al número de días trabajados por cada trabajador; la otra mitad se reparte proporcionalmente de acuerdo al total del importe de los salarios obtenidos en el año”, puntualizó la funcionaria estatal.
Herrera Laso señaló que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo está disponible para resolver cualquier duda al respecto de la conformación y funcionamiento de las comisiones de reparto de utilidades, así como sobre los derechos de los trabajadores para recibir las cantidades que les corresponden por dicho concepto.
Las oficinas de la Procuraduría se encuentran ubicadas en el primer piso del Centro de Justicia Laboral, Allende No. 901, colonia Centro, en horario de atención de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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