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México

Dueño de Altos Hornos cubre fianza de un mde para salir de prisión

El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como «el rey del acero», ha abonado la fianza de un millón de euros (1.13 millones de dólares) impuesta por un juez español para salir de prisión mientras se decide sobre su extradición a México, donde es reclamado por corrupción y blanqueo.

Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, entró en prisión el 29 de mayo pasado en la ciudad insular mediterránea de Palma de Mallorca por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Cuando salga de la cárcel deberá cumplir con las medidas cautelares de comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.

Fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto de esa ciudad en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado.

En México se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron «grave daño patrimonial» a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía mexicana.

La investigación sobre Ancira, propietario de Altos Hornos de México (Ahmsa), comenzó por una denuncia de Pemex presentada el pasado 5 de marzo «con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa».

Los delitos que se le atribuyen están relacionados con el supuesto sobreprecio en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex en 2013.

Según los investigadores, la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.

Según indicaron fuentes del Gobierno de México, la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que la operación afectó negativamente a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Se sospecha, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, que con el dinero obtenido ilícitamente por la venta de la planta se compró un condominio en México.

Lozoya Austin, director de Pemex durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es investigado también por haber recibido presuntamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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