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Resto del mundo

Duque defiende a la fuerza pública tras denuncias de violenta represión de las protestas y promete abrir un «espacio para escuchar a la ciudadanía»

El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió este martes la actuación de la fuerza pública, en medio de las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales, que han dejado al menos 19 víctimas fatales.

Durante un mensaje en el que habló sobre los efectos de la pandemia del covid-19, Duque hizo referencia a las multitudinarias protestas sociales en el país y a quienes supuestamente han «apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional para arrebatar la tranquilidad».

El mandatario, severamente cuestionado en los últimos días, manifestó su respaldo a la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía: «Debemos apoyar a nuestra fuerza pública, al mismo tiempo que exigimos de ella el mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional», dijo Duque en un video transmitido por la oficina de la Presidencia de la República.

«Los hombres y mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Armadas y de Policía encarnan nuestros valores democráticos. Por ello, la ciudadanía debe reconocer su valor, ser su aliada», agregó el jefe del Estado.

El mandatario afirmó que su gobierno tiene la obligación de responder «con contundencia desde la legalidad» contra los manifestantes que, a su juicio, buscan «desabastecer ciudades, dejar sin trabajo a miles de personas, destruir sistemas de transporte público y causar pobreza».

Pese a que la comunidad internacional ha hecho un llamado al Gobierno colombiano a detener la represión de la Policía Nacional de Colombia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en contra de manifestantes, Duque aseguró que fueron civiles quienes dispararon a «ciudadanos indefensos» y agredieron «cruelmente« a los policías.

Represión policial

Organizaciones sociales han documentado 26 homicidios contra manifestantes; 142 víctimas de violencia física cometida por uniformados; 761 casos de detenciones arbitrarias y 56 denuncias por desapariciones en el contexto de las movilizaciones.

«Como presidente de la República, y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución, que afecte los derechos de las personas, no lo aceptaré de ninguna manera», declaró el mandatario este martes. No obstante, reiteró que las instituciones de seguridad tienen el «respaldo» y la «exigencia» del Gobierno.

En el marco de las protestas sociales que comenzaron el pasado 28 de abril, se han registrado múltiples abusos policiales contra manifestantes.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, denunció este martes que miembros de su comisión fueron amenazados y agredidos por las fuerzas de seguridad mientras daban seguimiento a las protestas en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, que comenzaron el pasado miércoles.

La organización Amnistía Internacional confirmó que la Policía ha hecho «uso de armamento letal en varios incidentes» y que utilizó «armas menos letales de forma indiscriminada», incluyendo gases lacrimógenos y cañones de agua.

En concreto, Amnistía Internacional documentó el uso de un rifle Galil Tavorn durante la represión policial de las manifestaciones en Cali el pasado 30 de abril y comprobó que policías apuntaron armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados en Popayán (Cauca).

«En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva», denunció la organización.

Más de 800 heridos e infraestructuras dañadas

Mientras tanto, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, declaró este martes que la presencia militar en las calles del país proporciona apoyo «excepcional» a los policías frente a «la amenaza terrorista».

De acuerdo con sus palabras, un policía murió y más de 800 personas –tanto uniformados como civiles- resultaron heridas en los últimos días como consecuencia del «impacto de las acciones terroristas». Asimismo, indicó que también un gran número de infraestructuras públicas y negocios privados resultaron dañados.

Espacio de diálogo y soluciones

Durante su mensaje, Duque anunció que su Gobierno instalará «un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones».

En este sentido, el mandatario invitó a todas las instituciones, partidos políticos, empresas, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil a participar en este espacio que, aseguró, tendrá los siguientes objetivos:

  • Rechazar la violencia en todas sus formas
  • Acelerar el plan nacional de vacunación
  • Asegurar los recursos para garantizar los programas sociales
  • Proteger a los más vulnerables
  • Potenciar la reactivación económica de Colombia y generar más empleos

«Los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente, tanto el Gobierno nacional como los gobiernos locales», afirmó el mandatario.

Una polémica reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque provocó una ola de protestas en Colombia desde la semana pasada. Aunque el mandatario retiró la iniciativa, gracias a la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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