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EEUU, Israel y Japón encabezan ayuda internacional para México

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El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reveló este miércoles que Estados Unidos, Israel y Japón encabezan la asistencia que la internacional ha ofrecido a México ante los daños ocasionados por el terremoto de 7.1 grados Richter de este martes.

Videgaray puntualizó que mediante la ONU y su Oficina para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre (UNDAC) ha identificado tres países que cuentan con personal y maquinaria altamente especializada para rescates: Estados Unidos, Israel y Japón.

Aseguró que la ayuda que llegará a México en las próximas horas será desplegada en estrecha coordinación con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, aunque esta maquinaria será empleada también en otras zonas afectadas por el sismo.

Mencionó que coordina desde la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York la ayuda internacional, que se encuentra ya en camino, para asistir a las labores de rescate tras el terremoto que este martes sacudió a México.
En una intervención en la Asamblea General, Videgaray agradeció este miércoles a la comunidad internacional sus numerosas muestras de afecto a México, así como al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por haberlo contactado a fin de identificar la ayuda específica que este país necesita.

El canciller explicó que el país sufrió “un golpe fuerte, un golpe duro, que habremos de superar gracias en primer lugar a la extraordinaria solidaridad y a la generosidad del pueblo de México, que se ha volcado a las calles y a las zonas de derrumbe”.

En el plenario, indicó que se han reconocido más de 50 zonas de derrumbe, por lo que pidió la solidaridad internacional. Aseveró que “se necesita la ayuda de todos”, aunque en este momento esta asistencia debe ser especializada y enfocada solo en labores de rescate.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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